EXPEDIENTE | REACTIVAR A POLICÍAS CESADOS, LA PRUEBA DEL ORGULLO

Junto con la exigencia ciudadana de que se destituya a Marcela Muñoz Martínez como secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, crece el clamor porque los 400 policías que fueron destituidos de manera arbitraria e injusta, a raíz de los 104 días de justificadas protestas, reciban la oportunidad de reintegrarse a sus labores.

La solicitud tiene lógica y sustento. Porque la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) que analizó el caso, les concedió la razón absoluta en sus demandas, y una de ellas es que sean reinstalados en sus puestos, ya que el despido fue a todas luces injustificado.

Es cierto que la Codhecam no tiene atribuciones ni facultades para emitir recomendaciones laborales, pero esas 400 cuartillas donde se desglosan las irregularidades ocurridas durante los sucesos del 15 de marzo de 2024 confirman que había razones para la protesta, que era justificada la exigencia de destitución de sus mandos superiores y que si se sublevaron contra ellos es porque habían violentado sus derechos humanos.

A través de su página “Estamos Unidos Campechanos”, en que varios expolicías han planteado públicamente sus posturas, exigen no solamente que caigan los mandos policiacos encabezados por Marcela, sino que se proceda a la reparación del daño causado a los agentes cesados, sea mediante la liquidación justa que hasta ahora les han negado, o bien, con la reactivación para quienes quieran reincorporarse a sus labores.

El Gobierno de la señora Sansores, a través del titular de su Unidad de Consejería Jurídica, salió de inmediato a descartar esa última posibilidad. Adrián Serrano Barrientos, —el titular de ese desacreditado organismo— afirmó públicamente que los despidos no se debieron a la manifestación ni a la protesta, sino a que los elementos dejaron de prestar un servicio esencial a la ciudadanía durante casi cuatro meses.

A pesar de que todos los campechanos pudimos constatar que la vigilancia no se suspendió, y que solamente tuvo contratiempos cuando la propia gobernadora Sansores ordenó que les suspendan el suministro de gasolina y que les quiten las patrullas, Serrano Barrientos sostiene que los procedimientos administrativos sancionadores se aplicaron de forma legal e independiente, lo cual es mentira.

Lo que no dice el servil consejero es que a los policías cesados se les negó el derecho de audiencia, no les permitieron defenderse conforme a la ley, que varios de ellos fueron acosados judicialmente y difamados en las páginas digitales al servicio de la gobernadora, y que además de que les negaron su liquidación justa no les permitieron retirar los ahorros que tenían en el Issstecam. Había pues una clara consigna en su contra.

En su texto, los policías agrupados en la página “Estamos Unidos Campechanos” coinciden en que la resolución de la Codhecam documenta y acredita graves violaciones a los derechos humanos en agravio de más de 100 elementos de la Policía Estatal —incluyendo a las mujeres policías del agrupamiento Mujer Valiente— tras el fallido operativo del 15 de marzo de 2024 en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.

Se comprobó además que faltó planeación y equipo: Mandaron a los elementos a ciegas, sin logística adecuada y despojados de sus pertenencias y herramientas de defensa. No contaban con equipo antimotín o tenían equipo obsoleto y dañado.

Hubo exposición extrema a riesgos: En vez de proteger la integridad física y psicológica del personal, se les expuso a emboscadas, golpes, pedradas, amenazas e intentos de agresión, sin el respaldo operativo de altos mandos en el interior del penal.

También se incurrió en indiferencia ante los lesionados, pues decenas de policías resultaron con traumatismos, luxaciones y cortes, recibiendo poco o nulo apoyo institucional para su atención médica tras los hechos.

Ante ello, exigen “que las autoridades acaten en su totalidad las medidas de reparación del daño, deslinde de responsabilidades administrativas y penales, y las garantías de no repetición para que ningún servidor público vuelva a ser puesto en riesgo por negligencia”.

Recontratarlos e incluso ofrecerles una disculpa pública por los abusos que se cometió en su contra ameritaría un valor civil del tamaño de la galaxia y una decisión política de esa envergadura sería, sin duda alguna, un duro golpe al orgullo de la gobernadora Layda Sansores, quien los condenó a que “nunca vuelvan a ser contratados en ninguna corporación policiaca” (como si ella tuviera el don del castigo eterno contra sus enemigos), pero además, sería una medida que podría desactivarle al régimen gubernamental un conflicto político permanente.

Hasta ahora, Morena se perfila para pasar a la historia en Campeche como el Gobierno que privilegió el beneficio de una sola persona —Marcela Muñoz— por encima de 300 o 400 familias que de un día a otro perdieron la fuente de sustento con el despido de igual número de policías.

Eso les ha ganado el repudio ciudadano generalizado. Pero dar marcha atrás y empezar a corregir tantas pifias, no parece estar entre sus prioridades, ni siquiera porque se les viene una elección que desde ahora la tienen perdida.