EXPEDIENTE | ¿LLEGÓ EL FINAL PARA MARCELA Y SUS FORÁNEOS?
La recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) con motivo de la queja 295/Q-056/2024, promovida por 119 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de marzo de 2024, puede convertirse en la estocada final para la comandanta Marcela Muñoz Martínez y sus mandos operativos foráneos.
El resolutivo, de más de 400 cuartillas, señala de manera contundente que Muñoz Martínez y sus comandantes incurrieron en “violaciones a derechos humanos, consistentes en Ejercicio Indebido de la Función Pública y Poner en peligro a los compañeros a causa de imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio”.
También cometieron “violación a los Derechos Humanos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Institucional” por haber mandado a las mujeres policías a ser golpeadas, humilladas y lesionadas sin garantizarles condiciones mínimas.
El expediente señala que “más de 600 elementos policiales de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) fueron convocados desde la noche del 14 de marzo bajo engaños y falsas premisas. Los mandos les aseguraron que acudirían a un desalojo por el Tren Maya, al resguardo del evento deportivo “Ironman” o a brindar seguridad exterior en un evento público”.
“Antes de abordar las unidades, los superiores ordenaron despojar a los agentes de sus teléfonos celulares, llaves, carteras, armas de fuego, bastones retráctiles (PR24) y gas lacrimógeno. La única instrucción formal fue conservar su credencial de elector (INE) para ser identificados si algo les pasaba”.
El contingente —que incluía a más de 100 mujeres de la división “Mujer Valiente”— fue enviado sin plan estratégico, sin mapeo de riesgos, sin conocimiento de las instalaciones y sin equipo de protección antimotín. Las pocas unidades de equipo disponibles estaban dañadas o dadas de baja, obligando a los agentes a ingresar desarmados o a retirar las placas balísticas de sus chalecos tácticos”.
“Los policías declararon que la instrucción recibida fue “inspección de celdas, sin embargo, al ingresar constataron que los reos ya los esperaban atrincherados con machetes, cuchillos, tubos, piedras y bombas molotov”.
El expediente agrega que “los mandos colocaron en las primeras líneas de contención a mujeres policías desprovistas de escudos o cascos. Al desatarse el enfrentamiento, varias agentes fueron retenidas, golpeadas salvajemente, víctimas de tocamientos lúbricos e intentos de agresión sexual violentos, sumado a amenazas explícitas de muerte y violación por parte de los internos”.
Pese a que los agentes solicitaban auxilio por radio, ningún alto mando los atendió por lo que fueron abandonados a su suerte. Aún más, la orden fue “no ingresar a rescatar a sus compañeras”, pese a lo cual, varios elementos de tropa desobedecieron a sus jefes e ingresaron por iniciativa propia a las galeras para rescatar a los heridos y atrapados.
El saldo fue de tragedia: agentes con traumatismos craneoencefálicos, fracturas, heridas punzocortantes, esguinces cervicales y severas crisis de estrés postraumático. Tras la retirada a las 06:00 horas, las autoridades les negaron atención hospitalaria inmediata y los obligaron a incorporarse a sus turnos de patrullaje horas después”.
El testimonio de los agentes es contundente y no deja lugar a dudas: hubo negligencia en el operativo y se puso en riesgo la vida de más de 600 policías estatales, entre ellas alrededor de 100 “mujeres valientes”.
¿Por qué la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche se tomó dos años y 5 meses para emitir o dar a conocer su recomendación? ¿Fue por orden de la gobernadora?
¿Por qué hasta ahora, cuando falta exactamente un año para que esta nefasta y rapaz Administración se largue de Campeche lo dan a conocer? ¿Fue a petición de quien ya es virtual candidato de Morena a la gubernatura, y quien en al menos dos ocasiones en las últimas dos semanas ha exigido públicamente la cabeza de Marcela Muñoz?
Las versiones cercanas a Palacio aseguran que se está analizando una “salida digna” a la comandanta guanajuatense. Quiere irse “con la frente en alto”, pese a que miles y miles de campechanos han estado demandando desde hace dos años y medio su destitución. ¿Puede así haber una salida digna? Evidentemente que no.
Lo cierto es que junto con Marcela, también fueron señalados por la Codhecam todos sus mandos operativos: Antonio Saradán Solís Santiago, director de la Policía Estatal; Víctor Contreras Ramírez, subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas y Yosafat García Villalpando, subsecretario de Operación Policial, que son las personas de mayor confianza de la guanajuatense.
Pero también fueron estigmatizados Alicia Castillo García, policía tercero/comandante y responsable de Mujer Valiente; José Trejo Briceño, comandante; Luis Matos, comandante; Melissa García Servín, directora de Atención a Víctimas y Rafael Miranda Ortiz, director de Vialidad.
Está en manos de la gobernadora Sansores la resolución definitiva. Y en esta ocasión la han dejado sin más opciones que la destitución. Puede mantenerla a su lado como conductora designada, como asistente personal de maquillaje, manicure, pedicure y para teñir su cabello de guinda, o mandarla a alguna de sus casas, pues vaya que ha comprado propiedades estos cinco años.
Para lo que quiera desde el ámbito privado y personal, pero Marcela Muñoz ya no puede ni debe seguir desempeñando cargos públicos. Veremos, en lo que decida hacer, qué tanto le importan los derechos humanos de los campechanos a doña Layda Sansores.
