CODHECAM INCONGRUENTE
Campeche no puede fungir como sede de un Congreso sobre los Derechos Humanos, sin por lo menos analizar los casos más representativos del abuso y violación de las garantías individuales…
No es un chiste ni una vacilada. La ciudad de Campeche fue sede la semana pasada, del Congreso Nacional “La Defensa de los Derechos Humanos: Retos y Desafíos de las Instituciones de Protección en la Ruta por la Justicia Social”, y la invitada especial fue la gobernadora Layda Sansores San Román.
La anfitriona fue la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam) Fanny Guillermo Maldonado, quien llegó al cargo gracias a la violación de los derechos humanos de su antecesor, José Alberto Abud Flores, y la organizadora de ese sancocho fue nada más y nada menos que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Nicte Há Rodríguez Mejía, quien lleva varios años solapando los abusos a las garantías individuales de esta Administración estatal.
Por la calidad de sus figuras protagónicas, entonces, uno podría pensar que ese Congreso de Derechos Humanos fue una farsa, un verdadero catálogo de incongruencias, cuyos ponentes y conferencistas debieron versar sobre los beneficios de la impunidad para el poder público, o sobre cómo una gobernadora utiliza a las instituciones de justicia para perseguir y encarcelar a sus adversarios políticos.
Porque no. Campeche no puede fungir como sede de un Congreso sobre los Derechos Humanos, sin por lo menos analizar los casos más representativos del abuso y violación de las garantías individuales de los ciudadanos, como son por ejemplo los policías despedidos injustamente luego de protestar porque fueron enviados a un operativo en que los expusieron a una masacre.
No pueden irse los procuradores de la defensa de los derechos humanos de Campeche, sin hablar con los periodistas víctimas de censura, de hostigamiento, de persecución judicial y de intento de embargo de sus propiedades.
Los ombudsman asistentes al “Congreso” no debieron concluir su visita sin hablar con el exrector Abud, quien fue víctima de un complot para expulsarlo de su cargo, y contra quien se cometieron abusos que ya hubieran ameritado una voluminosa cantidad de recomendaciones a la gobernadora, a Marcela Muñoz, al fiscal Jackson y a los jueces que atendieron el caso.
¿Cómo es posible que las activistas feministas que fueron golpeadas, arrestadas y varias de ellas encarceladas solamente por protestar contra la imposición de un magistrado espurio, y otras por salir a las calles a conmemorar el Día Internacional de la Mujer no tuvieran voz en ese Congreso?
Nos aseguran que a ese evento acudieron también Ricardo Neves, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México; Bernardo Serrano, consultor de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras personalidades internacionales.
¿Les informaron que Campeche es uno de los estados donde más se violan los derechos humanos, y que ese evento solo sirvió para maquillar el rostro represor de la gobernadora Sansores? Si no les dijeron, qué pena. Si no estaban enterados, pues qué pésimos asesores tienen. Y si conocían y sabían todo ese mugrero y aun así convalidaron toda la farsa, pues entonces, qué pena dan.
