OPINIÓN: ILUSIONES CONSTITUCIONALES: ¿PROMESAS SIN PRESUPUESTO?
Por: Pluma Invitada/ El soberano
México ha construido durante los últimos años un piso social más amplio. Pensiones, becas, transferencias y nuevos derechos constitucionales forman parte ya de la vida cotidiana de millones de familias. El problema comienza cuando hacemos una pregunta incómoda pero indispensable: ¿cómo vamos a pagarlos durante los próximos veinte años?
La advertencia esta vez no viene solamente de calificadoras, organismos internacionales o economistas críticos. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, acaba de advertir que, si el Estado mexicano no fortalece sus ingresos, muchos de esos derechos podrían terminar convertidos en “meras ilusiones”. Su planteamiento apunta hacia una reforma fiscal y a llevar los ingresos públicos hacia niveles cercanos al 20% del PIB.
La discusión llega en el momento inevitable. El Paquete Económico 2027 estima ingresos tributarios históricos, equivalentes a 15.9% del PIB, sin nuevos impuestos generales. Hacienda apuesta todavía por combatir evasión y elusión, mejorar la fiscalización y ampliar el cumplimiento. Fitch reconoce avances, pero también señala algo importante: existe ya poco margen para seguir comprimiendo el gasto.
Las cifras explican por qué.
El CIEP estima que alrededor de 80% del presupuesto de 2027 estará comprometido y que el espacio fiscal efectivo será equivalente a apenas 1.6% del PIB. Pensiones y costo financiero absorberían alrededor de 3.9 billones de pesos: más de tres veces los recursos destinados a inversión pública.
No estamos ante unas finanzas públicas quebradas. Estamos ante algo quizá más preocupante en el largo plazo: un Estado que cada año tiene menos libertad para decidir qué hacer con su presupuesto.
Y eso ocurre mientras la economía crece poco y la inversión necesaria para acelerar ese crecimiento todavía no llega con la fuerza requerida. México parece atrapado en un círculo difícil: baja inversión produce poco crecimiento; poco crecimiento limita los ingresos públicos; menores márgenes fiscales restringen la inversión pública; y nuevamente regresamos al bajo crecimiento.
El problema se vuelve más delicado porque una parte importante de ese crecimiento depende de que la inversión privada ocurra. Y la vulnerabilidad aumenta en estados donde el sector empresarial es pequeño: hay menos empresas capaces de invertir y generar empleo formal y, por tanto, una base económica y fiscal más estrecha.
Un modelo de ajustes marginales puede administrar el problema durante algún tiempo. Difícilmente puede resolverlo.
Pero una reforma fiscal tampoco debería significar simplemente cobrar más a quienes ya pagan.
México tiene la menor carga tributaria de la OCDE: 18.3% del PIB frente a un promedio de 34.1%, utilizando la medición comparable que incluye contribuciones a la seguridad social. Una parte importante de nuestra economía, además, permanece fuera de la formalidad.
Campeche lo ilustra con claridad.
A una economía dependiente de pocos motores y un sector privado muy pequeño se suma una informalidad laboral de 61.4%.
Cuando seis de cada diez trabajadores están en la informalidad, seguir aumentando la carga únicamente sobre las mismas empresas y trabajadores formales puede terminar debilitando precisamente la base que necesitamos ampliar.
Por eso una reforma fiscal de fondo tendría que ser también una reforma para crecer, invertir y formalizar.
Y requiere un pacto.
Un acuerdo donde quienes tienen mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más; donde las empresas encuentren certidumbre, infraestructura, energía, agua, seguridad y reglas claras para invertir; donde el Gobierno garantice que una mayor recaudación se traduzca en mejores servicios e inversión productiva; y donde estados y municipios asuman también una mayor responsabilidad por sus propios ingresos.
Porque existe otra tendencia que merece atención.
A los programas federales se han sumado durante los últimos años programas estatales de becas, apoyos a mujeres, jóvenes, transporte, alimentación y transferencias complementarias. El gasto federalizado destinado a estados y municipios llegará en 2027 a unos 3.05 billones de pesos, casi 29% de todo el gasto federal.
Es perfectamente legítimo que los gobiernos estatales construyan sus propias políticas sociales. Lo que también debemos preguntar es de dónde saldrán permanentemente los recursos para financiarlas.
La pregunta adquirirá especial relevancia en 2027. Habrá elecciones para gobernador en 17 entidades.
Los candidatos ofrecerán, suponemos, proyectos de gobierno. Nuevas obras, mejores servicios y, seguramente, nuevos apoyos.
Pero si el espacio fiscal sigue reduciéndose, habrá una pregunta que debería acompañar cada promesa:
¿con qué se va a pagar?
Defender el Estado de bienestar no consiste solamente en ampliar derechos. También exige construir la economía, la formalidad, la inversión y el sistema fiscal capaces de sostenerlos.
México necesita comenzar esa conversación sin prejuicios y antes de que la urgencia decida por nosotros.
Porque podemos llenar constituciones de derechos y campañas de compromisos.
El riesgo es terminar descubriendo que unos y otros estaban financiados con lo mismo: ilusiones.
