EXIGEN REVISAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO LA PRISIÓN PREVENTIVA DE YAHARI BRITO
Campeche.- La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género A.C. (REDMYH) manifestó su preocupación por la decisión de mantener la prisión preventiva a Yahari Brito, detenida tras la marcha del 8 de marzo, y cuestionó que su situación no haya sido analizada bajo una perspectiva de género, ante lo cual exigió revisar esa decisión.
Con más de 15 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, la organización señaló que desde el inicio ha respaldado tanto el derecho de las mujeres a manifestarse como las garantías de debido proceso, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica.
REDMYH sostuvo que el caso de Brito no debe analizarse únicamente como una situación individual, pues las decisiones judiciales también influyen en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
Consideró que hay elementos que podrían poner en riesgo derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, el debido proceso y el derecho a un juicio justo, y destacó que Yahari Brito es una mujer joven y embarazada, por lo cual las autoridades deben hacer un análisis diferenciado sobre su situación y tomar en cuenta las condiciones particulares de vulnerabilidad que enfrenta.






REDMYH cuestionó que la prisión preventiva continúe sustentada en la consideración de un supuesto riesgo para la sociedad, sin que exista sentencia que determine su responsabilidad penal y, subrayó, sin que dicho riesgo haya sido acreditado mediante elementos objetivos.
La Red enfatizó que la presunción de inocencia obliga a tratar a toda persona como inocente mientras no exista una sentencia firme, y recalcó que las resoluciones judiciales deben sustentarse en pruebas y argumentos jurídicos, sin recurrir a prejuicios, especulaciones o valoraciones sobre los movimientos sociales.
Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades judiciales y a la Fiscalía General del Estado a conducir el proceso con apego a la Constitución, al debido proceso, a la perspectiva de género y a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

