COLECTIVO ACUSA QUE SÓLO QUIEN PUEDE PAGAR ACCEDE A MEDIDAS MENOS SEVERAS, COMO JORGE LAVALLE
-“LA JUSTICIA ES PRIVILEGIO DE CLASE, Y EL CASO YAHARI ES UN EJEMPLO”
El representante del colectivo Campeche por las 40 Horas, Eloy Romero Acuña, aseguró que el caso de Yahari Brito exhibe las desigualdades del sistema de justicia en Campeche, pues mientras ella permanece en prisión preventiva, otras personas con recursos económicos, como el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, pueden enfrentar sus procesos fuera de un centro penitenciario usando de un brazalete electrónico. “Si la justicia requiere dinero, es privilegio de clase”, recriminó.
Para acceder a la prisión domiciliaria mediante un brazalete electrónico, expuso, se requiere un depósito cercano a los 20 mil pesos y el pago de 2 mil pesos mensuales por renta del dispositivo, montos inaccesibles para la mayoría de las familias, lamentó.
Romero Acuña relató que de acuerdo con la madre de Yahari, ni ella ni el hermano de la joven habían tenido acercamiento con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Rodríguez Mejía, y tampoco la suegra de la mujer hasta que él la acompañó a presentar denuncia por la presunta falta de consultas gineco-obstétricas y del suministro de vitaminas durante el embarazo.
Indicó que aún espera que la familia confirme si ha existido algún acercamiento con el abogado del caso o con personal del organismo estatal de Derechos Humanos, y aunque reconoció que la Comisión de Derechos Humanos está legalmente impedida para intervenir en resoluciones judiciales, sostuvo que esta limitación evidencia la falta de herramientas reales de estos organismos para proteger a las víctimas.
El activista también cuestionó la actuación de la jueza Edelmira Cervera Sánchez por privilegiar la prisión preventiva, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales y tratados internacionales establecen que, en casos de embarazo y lactancia, debe privilegiarse la prisión domiciliaria.
Asimismo, denunció que las mujeres privadas de la libertad no cuentan con instalaciones ni condiciones adecuadas para recibir atención especializada.
Romero Acuña también cuestionó las prioridades del gasto público en Campeche, al señalar que mientras existen carencias en materia de acceso a la justicia y protección de los derechos humanos, se destinan recursos a obras como el barco del malecón.
