EXPEDIENTE | CAMPECHE EN EL MAPA DEL NARCO Y LA INSEGURIDAD

A nadie sorprendió la reacción de la gobernadora Layda Sansores ante la investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que ubicó a Campeche como el punto de origen de grandes cargamentos de metanfetaminas con destino a Omaha (Nebraska) y Council Bluffs (Iowa).

Su enojo, encaboronamiento e indignación no fueron contra los narcotraficantes que “mancharon” al prestigio de Campeche al posicionarlo en el mapa de la ruta internacional del narcotráfico, sino contra los medios de información, que actuaron con “ruindad” al no callar ese hecho criminal.

No solo eso, la señora Sansores le exige ahora a Reforma el “derecho de réplica” por publicar información “sin confirmarla previamente”. ¿Qué va a argumentar la gobernadora? ¿Que la DEA —que es la fuente informativa que respalda la nota de Reforma— no quiere a Campeche? ¿Que la Agencia Antidrogas estadunidense le tiene mala voluntad a ella y a su inepto equipo de seguridad pública? ¿Los va a demandar por daño moral?

Lo cierto es que el enojo de la gobernadora no tiene nada qué ver con la verdad histórica de lo sucedido. Ella misma lo presumió hace unas semanas, luego de la operación encubierta de la interpol para capturar al pasado 27 de mayo a Juan Carlos González Pérez, de 38 años, identificado por la DEA como uno de los líderes de la organización criminal, y quien se hacía llamar con los alias de “Campeche”, “Fabián Andrade” o simplemente “Fabián”.

Esa información está contenida en la investigación de la DEA, no es un invento o imaginación del diario Reforma. Es más, González Pérez ya fue juzgado en la Corte Federal del Distrito Sur de Iowa por cargos de asociación delictuosa con la intención de distribuir metanfetaminas. Ya rindió sus declaraciones y ya dijo lo que tenía que decir sobre qué autoridades municipales, estatales y federales le permitieron operar libremente durante más de cinco años.

¿Eso es lo que le molesta a la señora Sansores? ¿Le preocupa que El Fabián suelte la sopa y complique aún más la situación del “narcopartido” en el que milita?

¿Le indigna a la gobernadora que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) desmienta categóricamente sus dichos recurrentes y los de su comadre Marcela Muñoz, en el sentido de que en Campeche no operan cárteles de la droga?

Porque lo que dice la DEA y lo ratifica inteligencia militar, es que en territorio campechano tienen presencia los carteles Jalisco Nueva Generación —que opera con La Barredora— y el de Sinaloa, y consideran la entidad como zona de trasiego y como punto de origen de drogas sintéticas.

¿Por qué le molesta a la gobernadora que los medios de información publiquen todo lo relativo a la operación de estos cárteles en la entidad? ¿Acaso desea que guardemos silencio, como ella hizo ante las acciones de “El Fabián” en territorio escarceguense? Con los miles de millones de pesos que ha invertido en seguridad, ¿nunca detectaron sus laboratorios? ¿No se dieron cuenta de sus métodos de comercialización?

Porque no deja de llamar la atención que el centro de operaciones de “El Fabián” o el “Campeche” sea el mismo en donde la inseguridad se ha apoderado de todo. ¿Tiene relación con la operación de estos cárteles la desaparición de al menos 30 personas en los últimos meses? ¿Tuvo que ver con el reciente secuestro y ejecución de los esposos Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, que causó indignación generalizada en esa zona de la entidad?

¿Por qué la gobernadora no salió a condenar la ejecución de don Francisco y doña Edith? En cambio, sí se lanza todos los días contra los medios informativos a quienes acusa de “ruindad” solo porque cumplen con su labor de dar a conocer los hechos que acontecen en territorio estatal.

Y para que no diga que lo hacemos a toro pasado, exigimos a la gobernadora que haga un pronunciamiento sobre las operaciones criminales que se atribuyen a un personaje identificado como Valentín Núñez, alias “El 70”, a quien los escarceguenses señalan como el capo que controla diversas actividades ilegales en esa región y sostienen que es él quien está detrás del secuestro y asesinato de Francisco Rocha y Edith Ortega, quienes desaparecieron en la zona de La Chiquita, Municipio de Escárcega, cerca del rancho “El Ular” propiedad de “El 70”.

Esta semana se dio a conocer información delicada que señala que “Valentín Núñez tiene relación directa con el fiscal del Estado Jakson Villacís Rosado y su familia, tanto que se les ha visto disfrutar de fiestas privadas en su rancho y en eventos públicos de fiestas populares en el municipio. Una de estas, en el baile que se llevó a cabo en la ciudad donde pudimos ver a Gabo Villacís (hermano menor de jakson) y a Valentín Núñez sentados en la misma mesa, rodeados de personas armadas”.

Si el Gobierno de la señora Sansores y ella misma realmente no tienen vínculos con esos grupos delincuenciales, ¿qué esperan para detener a “El 70” para que informe si sabe algo del paradero de los 30 escarceguenses que han desaparecido en los últimos meses? Porque el pueblo lo acusa de que utiliza sus hornos de carbón para desaparecer los cuerpos.

Son casos muy delicados ciertamente, como también lo es todo el historial que cometió “El Campeche” o “El Fabián” y que concluyó con su detención por parte de una agencia de seguridad extranjera. ¿Será que algún día nuestras autoridades estatales se pongan las pilas y cumplan valientemente con su función o esperarán hasta que sus jefas se vayan para poder actuar?
Hay muchas preguntas sin respuesta.