EXPEDIENTE | MARCELA Y SU TARDÍO ARREPENTIMIENTO ELECTORERO

Es curioso que cuando ya van de salida, y después de que durante cinco años hicieron de la arbitrariedad y el autoritarismo su principal estrategia para joder todos los días a los campechanos, ahora nos salga la gobernadora Layda Sansores, con que “sí es un abuso” lo que hacen todos los días los elementos policiacos para enviar al corralón a cualquier vehículo que incurra en la ínfima falta administrativa.

Falta por ver si también deciden retirar los arbitrarios retenes que instalan en cualquier parte de la ciudad, para “cazar” motociclistas sin cascos o ciudadanos que circulan en sus vehículos con algún leve faltante en sus documentos.

Es correcto ciertamente, que se colocan retenes en días y horarios específicos de la semana, para frenar posibles accidentes viales por personas que pudieran estar en estado de ebriedad, pero no se vale manipular los equipos de alcoholemia para perjudicar a quienes durante su cena bebieron quizá una o dos cervezas. Hacer de esos puntos de revisión la única estrategia para combatir la delincuencia en la ciudad es un verdadero despropósito.

Ya vimos que en esos retenes no han detenido a ninguno de los sicarios que han cometido ejecuciones a plena luz del día. No han asegurado armas, ni explosivos, ni a ningún delincuente, pero sí han saturado los corralones de la ciudad con motocicletas y automóviles que incurrieron en pequeñas faltas.

Y que no nos salga la gobernadora con que no se beneficia Marcela Muñoz con los dichosos retenes. Si ella —Layda Sansores— puede asegurar que lo que se capta en multas y recargos se destina a los municipios, es imposible que sepa qué destino tienen las “mordidas” que reciben los uniformados para no sancionar a quienes cometieron faltas administrativas y necesitan con urgencia su unidad para movilizarse.

Hay numerosos casos documentados de exigencia de sobornos de elementos de la señora Marcela Muñoz. Se ha normalizado incluso la técnica de las mordidas digitales. Es decir, si el sujeto infractor no tiene en ese momento dinero en efectivo para saldar su falta, el agente le proporciona un número de cuenta para hacer transferencias. Ya solo falta que los doten de terminales bancarias para resolver sin más complicaciones el corrupto problema. Y que conste que hay declaraciones de los propios uniformados en el sentido de que sus jefes les exigen una cuota diaria de multas, o lo que es lo mismo, de extorsiones.

En este contexto, flexibilizar en la Ley de Vialidad y en su reglamento correspondiente, las razones para ya no asegurar vehículos ni enviarlos a los corralones por cualquier excusa, parece más una medida electorera, que una decisión que se haya tomado pensando en el bienestar del ciudadano. Porque si así fuera, ¿por qué se tomaron tantos años para darse cuenta de todo el daño que causaban con esas acciones?

Falta por ver si en las cláusulas de la reforma a la Ley de Vialidad, se establece que se van a devolver sin multas ni recargos todas las unidades que se encuentran en los corralones y que fueron aseguradas a causa de esa “implacable” aplicación del reglamento por parte de los uniformados. Los campechanos sabemos que la razón de esos aseguramientos es principalmente porque no se pudo negociar “una solución alterna”.

Hay suficientes razones para pensar que la verdadera razón para reformar la Ley de Vialidad y su Reglamento tiene motivaciones estéticas. Es decir, “lavar la cara” a Marcela Muñoz por los abusos que ha cometido en estos cinco años. Aplicarle una cirugía legal que le permita mostrar un nuevo rostro ante el electorado —en la eventualidad de que la postulen a un cargo de elección popular— o bien, hacerla candidateable para repetir en el cargo por seis años más, en caso de que Morena retenga la gubernatura, así sea a la mala.

Ya vox populi que ni Marcela Muñoz ni su hija Samantha Bravo tienen la simpatía del aspirante a la gubernatura por Morena, Pablo Gutiérrez Lazarus, y que es difícil que por voluntad propia el Carmelo, que prefiere ser perro que campechano, mantenga a una de esas dos en un cargo de primer nivel. Pero también entendemos que ya están negociando puntos de acuerdo antes de arrancar la campaña, y el de no tocar, además de respaldar a Marcela es uno de los principales temas.

Tal vez a la gobernadora Sansores le cueste aceptarlo, pero no hay manera de que los campechanos respalden alguna decisión que involucre a Marcela Muñoz. Desde hace dos años la ciudadanía exige que la cesen de su cargo, pide su renuncia y que se le finque responsabilidades penales por los abusos, irregularidades y corruptelas en que ha incurrido.

No hay cirugía estética ni política que cambie el sentir de los campechanos en contra de la abusiva guanajuatense. Marcela, junto con la propia Layda Sansores son los personajes políticos más repudiados en la entidad, y eso nada ni nadie podrá borrarlo jamás.