USAN A POLICÍAS COMO BRAZO EJECUTOR DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL: ELOY ROMERO
-“Mecanismos de protección son maquillaje”
San Francisco de Campeche.- Al considerar que los mecanismos de protección ante casos de abusos policiacos podrían ser sólo “maquillaje institucional”, el representante de Campeche por las 40 horas, Eloy Romero Acuña, criticó que los policías sean usados como brazo ejecutor de la violencia institucional, y aconsejó a las víctimas denunciar penalmente y exigir indemnización al Estado.
Lamentablemente, subrayó, todos los policías tienen que trabajar como brazo ejecutor de esta violencia, aunque implique sacrificar sus cuerpos y conciencias ante grupos de poder para quienes literalmente son descartables, como lo demuestran las decisiones de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, y sus subalternos, al exponer a 119 policías en un motín al que fueron enviados sin aviso, preparación ni equipo necesario, por lo que varios elementos resultaron víctimas de agresiones físicas y sexuales, el 15 de marzo de 2024.
También, continuó, “al mandarlos a golpear y acosar a prensa y activistas, como sucedió en los jardines del Congreso el 28 de septiembre de 2025, y al pedir a sus oficiales no reaccionar mientras quemaban sus escudos, para luego realizar detenciones ilegales y violentas a la población civil en general, el 8 de mayo de 2026”.
Esperemos que las instituciones no tarden otros 2 años en emitir recomendaciones sobre los otros dos casos expuestos, aseveró Romero Acuña.
Además, la lentitud y tibieza en general en la respuesta de las instituciones ante este tipo de casos avalan el temor de que el Foro para la Realización de la Ley de Protección a Personas y Defensores de Derechos Humanos sea sólo una burla y mero maquillaje institucional para las críticas ya comunes.
Sobre lo que las víctimas del actuar irregular de la policía pueden hacer, el activista expuso que no sólo pueden entablar denuncia penal contra los elementos responsables, sino pedir indemnización a la institución responsable mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.
