JUEZ FEDERAL ORDENA LIBERACIÓN DE LOS HERMANOS BASTARRACHEA TRAS CONCEDERLES AMPARO
Un Juez de Distrito concedió un amparo a los hermanos Bastarrachea y ordenó su inmediata liberación, al determinar que durante su detención se vulneraron sus derechos humanos. Los integrantes de la familia permanecían en prisión desde junio de 2025, luego de un operativo de la Policía Estatal en la colonia Lázaro Cárdenas.
Ángel, Alan, Eduardo y Jorge Bastarrachea Puga, así como Miguel “N”, recuperaron su libertad el primer miércoles de julio de 2026, después de permanecer más de un año internados en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén. Todos habían sido vinculados a proceso por la jueza de Control, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, quien en su momento calificó como legal la detención encabezada por la oficial identificada como “Celina”.
Los hechos ocurrieron tras un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal y un grupo de personas que presuntamente les arrojó piedras. De acuerdo con la versión de la familia, los agentes ingresaron a su vivienda sin una orden judicial, causaron daños en el inmueble, dispararon contra uno de los hermanos, quien resultó herido en la espalda, y posteriormente detuvieron a los ocupantes de la casa.
El caso también estuvo marcado por las denuncias de Gloria Bastarrachea Puga, quien aseguró haber sido detenida y posteriormente liberada cuando acudió a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para solicitar información sobre sus familiares. La joven denunció además el robo de su teléfono celular y afirmó que logró ubicar el dispositivo mediante GPS en instalaciones de la corporación policiaca.
Asimismo, circularon videos en los que presuntamente se observa a la oficial “Celina” intentando extraer el teléfono celular del bolsillo de Gloria Bastarrachea mientras se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía. La familia sostuvo que en ese dispositivo se encontraban grabaciones del operativo, en las que presuntamente se documentaba el ingreso de los agentes a la vivienda sin autorización judicial, los daños ocasionados al inmueble, el uso de armas de fuego y otros actos que calificaron como abusos de autoridad.
En su momento, la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Layda Sansores San Román, Marcela Muñoz Martínez, respaldó públicamente la actuación de los elementos de la Policía Estatal durante una emisión del programa Martes del Jaguar y rechazó las acusaciones relacionadas con el presunto robo del teléfono celular.
Al resolver el juicio de amparo, el Juez de Distrito determinó que existían elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos de los imputados. Entre las irregularidades señaladas destacan la detención ilegal, el presunto robo de pertenencias y las lesiones provocadas por disparo de ∂rm∂ de fuego a uno de los detenidos, argumentos que sustentaron la resolución para conceder el amparo y ordenar su liberación.
