EXPEDIENTE | EL DIF ESTATAL, OTRA VEZ EN EL OJO DEL HURACÁN

Una vez más, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del Estado de Campeche vuelve a ponerse en el centro de la polémica, al divulgarse información en el sentido de que distribuye despensas a bajo costo, solo que los productos que comercializa están caducados.

La advertencia provino de la periodista Aurora Sansores, quien en su publicación del Facebook alerta que “El DIF Estatal está vendiendo canastas de productos a las personas de la tercera edad. Contiene muchas cosas, panes, detergente, leche, cereal, una bolsa con yogures, y muchas cosas más. El precio es de 70 pesos”.

“Pero, y aquí viene lo malo, los productos están CADUCADOS, de hecho a las leches y yogures les borraron la fecha de caducidad. En verdad no pongan su salud en riego, por favor. No los consuman. Y al DIF Estatal les digo, dejen de engañar y poniendo en riesgo la salud. De esta manera mejor No me ayudes comadre”.

Hubo reacciones virales en las redes sociales condenando esa nueva muestra de irresponsabilidad del DIF estatal, pues con acciones de este tipo, una vez más pone en riesgo la salud de la gente vulnerable a la que destina esos apoyos.
Llama la atención que, en los comentarios de los usuarios de las redes sociales, se repite de manera insistente la denuncia de que esa institución, que dirige el sobrino político de Layda Sansores, Mario Pavón Carrasco, revende los apoyos que recibe como donativos de algunas empresas, sobre todo del rubro de alimentos, lo que constituye un grave acto de corrupción que debería ser investigado.

Recuérdese que el propio Mario Pavón fue acusado hace algunos años, de incurrir en actos de corrupción, al desviar apoyos presuntamente para personas vulnerables, pero que en realidad ya habían fallecido.

Aún más, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó contratos irregulares por más de 13 millones de pesos en el DIF de Campeche. Investigaron contratos formalizados con empresas señaladas como ilegales y la existencia de adjudicaciones irregulares. En revisiones previas se detectaron pagos a personas fallecidas.

Aunque la gobernadora Sansores intentó justificar esos desvíos asegurando que se debieron a “fallas administrativas por cambios en los sistemas de captura”, la realidad de las cosas es que en el DIF estatal hay todo un mar de corrupción que se ha querido ocultar pero que a cada rato sale a flote.

Es recurrente la observación de las entidades fiscalizadoras, incluyendo a la Auditoría Superior del Estado, en el sentido de que no hay transparencia en el manejo de los recursos, no hay licitaciones conforme a la normatividad vigente y que se ha abusado de la discrecionalidad a la hora de asignar contratos.

Viene a la memoria la payasada que armó la presidenta estatal del DIF, Laura Sansores San Román, cuando tenía la obligación de rendir un informe de las actividades desarrolladas, así como la presentación del informe financiero de esa noble institución. En lugar de eso, optó por protagonizar una parodia musical que causó pena ajena hasta a quienes se encuentran en los cargos de confianza de su oficina. Lo menos que le dijeron es que salió peor que su hermana.

Por si faltara algo más, hace unos meses la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció que el DIF del Estado de Campeche entregó contratos millonarios a empresas vinculadas a una red de proveedores y prestanombres asociada con el senador Adán Augusto López Hernández, a través de convenios de adjudicación para el suministro de alimentos y apoyos sociales.

Se precisó en ese entonces, que el director del DIF Estatal en Campeche, Mario Pavón Carrasco, es identificado como el responsable de la entrega de contratos y adjudicaciones a empresas como Grupo Zoreña y Grupo Operador de Alimentos EHMO, que forman parte de la red conocida como la “Barredora Guinda”.

Ya de colofón vale la pena mencionar que el personal de esa institución se queja de que Mario Pavón es un misógino empedernido. Son múltiples pues, las denuncias por corrupción y maltrato en contra de la Administración actualmente a cargo del DIF estatal, y lo preocupante es que no se investiga, no se sanciona ni se aplican las correcciones para evitar que estos hechos se sigan repitiendo.

¿Quién es el que se lleva las ganancias por la venta de alimentos y despensas que donan las empresas y que para colmo la mayoría de esos productos ya se encuentran caducados?

Si ni la señora Laura Sansores ni su hermana Layda Elena investigarán estas graves acusaciones, y una vez más tratarán de ocultar la basura bajo la alfombra, ¿a quién recurrir? Al fin y al cabo, para ellas todo queda en familia.