EXPEDIENTE | EL CASO YAHARI BRITO GENERA REPUDIO NACIONAL

Si ya de por sí, el Gobierno de la señora Layda Sansores se había caracterizado por el abuso, la represión, el acoso judicial contra periodistas críticos y adversarios políticos, así como el servilismo del Poder Judicial que cede a todos los caprichos y arbitrariedades de la mandataria, el caso de la joven activista Yahari Itxel Brito Brito ha puesto de relieve una vez más, que en Campeche se pisotea el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Esta semana, la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género (REDMYH A.C.), junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), manifestaron su profunda preocupación ante la negativa de modificar la medida cautelar impuesta a Yahari Brito, quien fue detenida de manera ilegal tras concluir la marcha del 8 de marzo.

Las agrupaciones señalaron que Yahari Brito es una mujer joven embarazada que permanece privada de la libertad sin que su caso haya recibido un análisis con perspectiva de género o un enfoque diferenciado que reconozca su condición de vulnerabilidad. Esta omisión, apuntan, transgrede los estándares constitucionales y convencionales que exigen una protección reforzada ante situaciones de desigualdad.

Asimismo, criticaron que la medida cautelar se sustente en presunciones sobre un supuesto riesgo social sin una sentencia condenatoria previa ni elementos objetivos acreditados, contraviniendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pronunciamiento enfatiza que la prisión preventiva es de carácter excepcional y no debe fungir como sanción anticipada ni como mecanismo de disuasión frente a la protesta social. En este sentido, las organizaciones advierten que resoluciones fundamentadas en prejuicios o presiones políticas erosionan la confianza ciudadana en las instituciones de impartición de justicia.

Las activistas hicieron un llamado enérgico a las autoridades judiciales y a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos de la imputada.

El caso, además, ha recibido la solidaridad y el respaldo de decenas de activistas feministas de toda la República, quienes ya consideran al Estado de Campeche como uno de los que más violentan los derechos de las mujeres.

Pese a que la señora Sansores se ha querido ostentar como la principal defensora de las mujeres, y a los cuatro vientos grita que ellas no deben dejarse humillar, ni sobajar ni ofender, es su Gobierno el que las acosa, las humilla, las persigue, y en este caso, las encarcela.

Y tienen razón todas las agrupaciones feministas que han catalogado a la joven Yahari Itxel Brito Brito como la principal presa política del Gobierno de la señora Sansores, porque ella pidió su encarcelamiento desde su trono imperial del “Martes del Jaguar” y ella condenó de manera incongruente el activismo político de la joven feminista, como si Layda Sansores jamás hubiera cometido excesos durante las decenas de marchas de protesta que encabezó cuando decía defender la democracia.

Este caso confirma también que en Campeche la protesta social, el activismo político y diferir de los puntos de vista de la gobernadora Sansores es un delito más grave que el secuestro, la violación o el homicidio.

Y basta otro ejemplo para demostrarlo: el de Antonio Rendón Uresti, quien fue sentenciado a 40 años de prisión por secuestro y homicidio (tiene tres asesinatos en su haber), pese a lo cual fue beneficiado con la libertad condicional, a pesar de que la ley es clara de que a los que incurren en delitos graves no se les debe reducir por ningún motivo su condena.

No solo eso, Layda Sansores llevó al secuestrador y multihomicida a un evento oficial en que lo designó “promotor” de su Gobierno en Bonfil, además de que lo benefició con apoyos económicos por la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde por cierto despacha un expresidiario llamado Jorge Luis Lavalle Maury.

Dos pesas y dos medidas pues, para la impartición de la justicia en Campeche, con juezas como Edelmira Jacqueline Cervera Sánchez y Leslie Loeza Manzanilla, quienes han negado el cambio de medida cautelar a prisión domiciliar para la joven Yahari quien, como ya se sabe, tiene seis meses de gestación con un embarazo de alto riesgo que la ha llevado a recibir atención hospitalaria en decenas de ocasiones.

El argumento de las sumisas, serviles y arrastradas juezas Edelmira Jacqueline Cervera Sánchez y Leslie Loeza Manzanilla, es que Yahari Brito es un riesgo para los policías, pues podría participar en otras marchas de protesta y tratar de prenderles fuego cuando acudan a resguardar edificios públicos.

Lo peor del caso es que no se ha probado que Yahari sea la que intentó incendiar los escudos protectores de los gendarmes durante los incidentes del pasado 8 de marzo.

Sin pruebas en su contra y sin que le otorguen los derechos legales que nuestros ordenamientos le confieren, Yahari va a seguir siendo la prueba más palpable de que tenemos una gobernadora incongruente farsante y mentirosa.