EXPEDIENTE | CON REFORMA JUDICIAL, LAYDA BUSCA IMPUNIDAD

La pretensión del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Pedro Alcudia Vásquez, para adelantar la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Campeche, más que motivaciones futuristas que pretendan mantenerlo a él en el cargo, lo que busca es garantizarle impunidad a la gobernadora Layda Sansores una vez que acabe su mandato.

El razonamiento es simple: si la legislación se mantiene como hasta ahora —que la elección en el Poder Judicial se realice en 2028—, se saldrá del control no solo de la gobernadora Sansores, sino de todos los jueces y magistrados del actual Tribunal Superior de Justicia y por tal razón, sería virtualmente imposible que consigan su objetivo de reelegirse o de mantenerse en sus cargos.

Pero si la reforma judicial se mantiene, y la elección de estos cargos judiciales se efectúa tal y como ahora está legislado, podría suceder que el o la nueva gobernante tengan sus propias decisiones, y entre ellas se priorice la remoción de todos los jueces, magistrados y funcionarios de esa instancia, que tengan algún vínculo con la gobernadora Sansores.

Esta depuración de los integrantes del Poder Judicial, que tendrá que hacer sí o sí el (o la) gobernante que llegue, dejaría fuera a todos los corruptos jueces y magistrados que se han prestado a las chicanerías de la mandataria. Y no se necesitaría de mucho esfuerzo para conseguirlo, pues hay numerosas pruebas de los abusos e irregularidades en que han incurrido, con lo que cualquier Tribunal de Disciplina Judicial, resolvería de inmediato esas remociones.

Y en el fondo, en la esencia, en lo fundamental, eso es lo que necesita el Poder Judicial del Estado de Campeche: una profunda depuración para extirpar a todos esos elementos que han propiciado que el prestigio de esa institución se haya desparramado por las alcantarillas.

Juan Pedro Alcudia Vásquez, y todos los funcionarios foráneos que se han enquistado con él para controlar al Poder Judicial, saben que la única manera de que se mantengan en sus cargos, y que esta institución siga al servicio de la señora Sansores San Román, así deje de ser gobernadora, es con ellos al frente de las decisiones.

Layda sabe que al final de su Gobierno se abrirán varias carpetas judiciales en su contra, y también en contra de sus principales colaboradores, empezando por la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, y terminando con sus consentidos de hasta abajo como su compadre Juan Herrera, quien ha incurrido en graves irregularidades que ameritarían prisión por varios años.

Llama la atención la celeridad con la que tanto el magistrado Alcudia como la gobernadora Sansores elaboraron la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Campeche y otra a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, ambas relacionadas con la elección del Poder Judicial.

Es muy posible que tanto el magistrado como la gobernadora tengan información fidedigna que les advierta que están a punto de perder la gubernatura y por eso necesitan acelerar el blindaje a la mandataria para que no procedan las investigaciones que ya se hacen en su contra.

De fuentes muy confiables por cierto, nos han informado que el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), ya realiza desde hace varias semanas diversos levantamientos y sondeos en Campeche para medir la temperatura política, y para tener elementos que les permitan fundamentar la decisión que vaya a tomarse en torno a la sucesión gubernamental.

Nos aseguran que a las reuniones de las Fuerzas Federales de Seguridad, donde participan tanto las fuerzas armadas como personal de la Secretaría de Gobernación, ya no acude Arturito Moo Cahuich, el flamante delegado de la Segob. Y no es que él en lo personal no quiera acudir, no. Es que ya no confían en él, y no le permiten el acceso.

Se están configurando pues, los elementos para que Campeche modifique el rumbo de su Gobierno, para expulsar al partido que actualmente se encuentra en el poder, y a eso obedece la desesperación de la gobernadora Sansores para cubrirse las espaldas.

Su blindaje perfecto sería que el Congreso le permita tener el control de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial. Es decir, adelantar el proceso para empatarlo con los comicios para elegir gobernador, diputados locales, alcaldes y presidentes de juntas municipales.

El objetivo: tomar por asalto al Poder Judicial campechano y convertirlo en el búnker desde donde se defenderían exclusivamente los intereses de la gobernadora, y se convertiría también en una punta de lanza para asediar y fastidiar a quien sea el (o la) próximo gobernante de Campeche.

Interesante el tema, el cual seguiremos analizando.