Ejemplo de impunidad

Corrupción en la entrega de fertilizantes y semillas a los campesinos, compra amañada de maquinaria y desvíos del recurso asignado para la nómina del personal a su cargo, son algunos de sus logros…

El secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, el tamaulipeco Ramón Gabriel Ochoa Peña, es un ejemplo de la corrupción, de la impunidad y del abuso de poder que caracterizan a la Administración de la señora Layda Sansores San Román.

Pese a las evidencias que obran en su contra –cuentas públicas adversas, denuncias públicas de campesinos, descontrol entre el personal de su oficina, etcétera—el también exdiputado local priísta goza del beneficio de la protección gubernamental, muy a pesar de que es de los que menos resultados han dado en su área.

No solo eso, le estallaron problemas que habrían causado el cese de cualquier funcionario con el cargo que detenta. Por ejemplo, se quedó cruzado de brazos cuando el problema de la muerte de miles de abejas en los municipios de Hopelchén y Campeche. A pesar de que los apicultores perdieron varios millones de pesos, la SDA no fue solidaria ni apoyó en algo a los productores afectados. Por el contrario, los culpó “por poner sus apiarios cerca de las zonas de cultivos de los menonitas”. Literal.

Le reventó la bronca del gusano barrenador del ganado, con lo que se evidenció que vigilancia fitozoosanitaria es nula, que el tráfico legal de ganado procedente de Centroamérica continúa imparable, y que no hay medidas para garantizar la sanidad de los animales que se comercian en Campeche y en su mercado regional.

Por si fuera poco, apenas la semana pasada se detectaron casos de rabia en la ganadería de la Península de Atasta. Si bien se trata por ahora de solo cuatro animales, el asunto resulta preocupante porque confirma, una vez más, que la actividad de Ochoa Peña y su dependencia, equivalen a un cero a la izquierda.

Pero quizá la demostración más prepotente de su valemadrismo y de su impunidad, ocurrió con los ejidatarios de San Pablo Pixtún, Champotón, quienes le demostraron que se clavó los tres millones de pesos con que se iba a construir un camino cosechero. Documentaron sus denuncias con videos, fotografías y testimonios de los afectados, pero el funcionario les respondió con una demanda por daño moral.

Y como ya vimos que los jueces y las juezas de Campeche están a las órdenes del régimen estatal, lograron acorralar al principal denunciante de las pillerías, hasta quebrarlo y obligarlo a desistirse de sus querellas. ¿El dinero malhabido? Se quedó en la cartera del funcionario.

Hay otras denuncias por corrupción en la entrega de fertilizantes y semillas a los campesinos maiceros, compra amañada de maquinaria para los agricultores y hasta desvíos del recurso asignado para la nómina del personal a su cargo. Pero nada procede porque Ochoa Peña goza del beneficio de la impunidad, lo que no obsta para que sea considerado también como un ejemplo claro de la corrupción que impera en la actual Administración estatal.