Acoso a feministas
Está a punto de demostrarse que el Gobierno de la señora Sansores, que se ostenta como “defensora de las mujeres” en realidad se ha convertido en su victimaria y que ha abusado de su poder.
El caso de las dos jóvenes feministas que siguen en prisión, supuestamente por intento de homicidio contra elementos policiacos que resguardaban Palacio de Gobierno el pasado 8 de marzo, podría tener un nuevo giro una vez que los juzgadores decidieron revisar los expedientes y las “pruebas” presentadas por la Fiscalía estatal.
Hace unas horas, la Juez Quinto de Control del sistema penal oral del estado de Campeche resolvió parcialmente a favor de los argumentos presentados por Miguel Ángel Carrillo Vera, asesor jurídico de Aremi Gasca, fundadora de la colectiva Ley Sabina Campeche y determinó que el Ministerio Público no motivó adecuadamente su negativa inicial para citar a declarar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Nicte-ha Rodríguez Mejía dentro de una carpeta de investigación.
Carrillo Vera detalló que la jueza otorgó un plazo de 10 días para emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado respecto a dicha solicitud y que durante la audiencia también salió a relucir que Rodríguez Mejía habría presentado un informe por escrito con fecha 23 de abril de 2026, situación que será revisada y verificada por la defensa jurídica de la víctima.
Por su lado, el colectivo “Campeche por las 40 horas” lanzó fuertes señalamientos sobre el caso de Yahari, joven que permanece privada de su libertad y que actualmente cursa el cuarto mes de embarazo, asegurando que la Fiscalía estaría solicitando más tiempo para recabar pruebas debido a presuntas inconsistencias en la detención y falta de elementos para sostener la acusación.
La publicación refiere que, pese a que la gobernadora Layda Sansores San Román afirmó en una emisión del “Martes del Jaguar” que las detenidas fueron identificadas por el C5, las propias cámaras de videovigilancia demostrarían que la detención no ocurrió en flagrancia y que Yahari ni siquiera aparece en las grabaciones señaladas.
Además, la denuncia pública sostiene que, debido al ruido generado durante una manifestación, las oficiales involucradas no habrían podido escuchar lo que afirmaron haber oído, acusándolas de presuntamente mentir bajo protesta de decir verdad durante el proceso judicial.
Está a punto de demostrarse pues, que el Gobierno de la señora Sansores, que se ostenta como “defensora de las mujeres” en realidad se ha convertido en su victimaria y que ha abusado de su poder para “darles un escarmiento” a las activistas que no solo hacen ruido, sino que han probado una y otra vez que esta Administración es de abusos y de violaciones a los derechos humamos.
Va ser trascendental lo que resuelvan los juzgadores y juzgadores sobre estos dos casos. Va demostrar que en Campeche la justicia se aplica de manera selectiva y bajo consigna, como ya ha ocurrido en los casos del periodista Jorge Luis González Valdez y del exrector José Abud Flores.
Y si la gobernadora se ha excedido en sus “influencias” para manipular la impartición de justicia, se le deben fincar responsabilidades por eso.
