OPACIDAD, FALTA DE SUSTENTO TÉCNICO Y APARENTE FAVORITISMO A EMPRESAS FORÁNEAS EN EL PROYECTO DEL AUDITORIO DE LAYDA, DENUNCIAN
Campeche.- En sus redes sociales, el presidente del Comité Directivo Estatal de la Unidad Revolucionaria en el Estado de Campeche, Iván Rodríguez Cruz, cuestionó la presentación del proyecto del nuevo auditorio realizada por la gobernadora Layda Sansores, al considerar preocupante la baja calidad de los renders y la falta de información técnica sobre una obra que será financiada con recursos de las y los campechanos.
El proyecto, subrayó, genera dudas no solo por su presentación, sino por su posible impacto urbano y arquitectónico, pues el diseño no muestra un diálogo digno ni respetuoso con el entorno de la ciudad. “Campeche tiene un patrimonio visual y un carácter urbano único que no se puede romper con cualquier propuesta genérica”.
También criticó que hasta el momento no se conozcan elementos fundamentales como el programa arquitectónico, las circulaciones, los accesos, el estacionamiento y las vialidades, al señalar que un auditorio debe planearse para atender el flujo de miles de personas y no solo poner una “caja” bonita en una lámina. “Las obras públicas no deben hacerse al aventón ni por ocurrencia”, sentenció.
Rodríguez Cruz acusó además falta de transparencia y aparente inclinación hacia empresas foráneas en la licitación y adjudicación del proyecto, lo que afectaría a los constructores campechanos, reduciría la derrama económica local y generaría sospechas de opacidad y favoritismo.
Las principales implicaciones, señaló, son la violación a los principios de contratación pública; la afectación a la economía local; el riesgo de opacidad y favoritismo ante sospechas fundadas sobre posibles adjudicaciones directas disfrazadas o favoritismos; y el debilitamiento de la confianza ciudadana si no se transparentan las bases, los costos y el proceso de adjudicación.
Finalmente, Iván Rodríguez Cruz pidió a la Administración estatal hacer públicas las bases completas en las plataformas de compras, ampliar los plazos para permitir una participación justa del empresariado local y transparentar el dictamen del fallo de adjudicación.
