EXPEDIENTE | EXHIBEN LA ILEGAL DETENCIÓN DE YAHARI BRITO

Mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) por decisión de su presidenta, Ligia Rodríguez Mejía, decidió abdicar de su facultad constitucional de salvaguardar las garantías individuales de los campechanos, en el penal de San Francisco Kobén se sigue cometiendo una de las mayores injusticias del Gobierno de la señora Layda Elena Sansores San Román, en perjuicio de la joven activista Yahari Ixtel Brito Brito.

Deplorable ha sido la postura de Ligia Rodríguez Mejía, al negarse a encabezar la defensa de esta joven de 25 años de edad, quien está presa desde marzo pasado y enfrenta un embarazo de alto riesgo. La Codhecam no ha acompañado a esta luchadora social, ni ha asumido una postura firme para evitar que se sigan violentando sus derechos humanos y constitucionales.

Habrá que repetirlo cuantas veces sea necesario: no hay elementos de prueba suficientes para que la policía de Marcela Muñoz, para que la Fiscalía de Jackson Villacís, y para que las juezas Edelmira Jacqueline Cervera Sánchez y Leslie Loeza Manzanilla, sustenten jurídicamente la prisión preventiva en contra de Brito Brito.

Esta semana, el abogado Edwin Trejo Gutiérrez, quien lleva el caso de la joven activista, demostró que no hubo flagrancia y que no hay un solo video del C5 ni bodycam que sustente el actuar policial, por lo que sostiene que la Fiscalía General armó un caso con puras mentiras.

Tampoco ha habido la presunción de inocencia que tanto ha reclamado la gobernadora Sansores para sus “amigos” como Pashita Lavalle, ya que la Fiscalía General exhibió a Yahari y a la co acusada Rosa “N” como delincuentes peligrosas, con una foto que distribuyeron a todos los medios de información.

Según los dichos de los policías, “venían persiguiendo a Yahari y a Rosa desde el Palacio de Gobierno hasta la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, a una distancia de 3 metros, y que ahí las aseguraron en flagrancia porque ellas fueron las que prendieron fuego a las policías”.

Sin embargo, lo que se aprecia en el video es completamente distinto a lo que declararon ante el Ministerio Público. No coincide la detención en flagrancia con lo que declararon las policías y lo que hay en el video, porque no hay persecución, aseguró el abogado Trejo Gutiérrez.

“No hay persecución. No hay flagrancia. No hay C5. No hay bodycam. Solo el dicho de tres policías aleccionadas para fabricar culpables por orden política tras la manifestación del 8M donde Layda Sansores quedó exhibida por reprimir a las mujeres”, insistió.

Por todo ello, el litigante no duda en calificar como un auténtico montaje todo lo que se ha construido alrededor de estas dos mujeres detenidas injusta y arbitrariamente el pasado 8 de marzo, luego del plantón de las feministas en Palacio de Gobierno.

¿Por qué los agentes investigadores del fiscal Jackson no atendieron la denuncia de las propias mujeres marchistas en el sentido de que se notó la presencia de “mujeres de negro” que iban embozadas y quienes son las que cometieron casi todos los actos de vandalismo?

Hay versiones en el sentido de que este grupo de mujeres originarias de la Ciudad de México, fue contratado por el Gobierno de la señora Sansores para infiltrarse en el movimiento, cometer todo tipo de actos delictivos, y justificar de esa forma la brutal represión policiaca que se desencadenó después de la marcha del pasado 8 de marzo.

La fisonomía de las dos mujeres de negro que se acercaron a los policías para tratar de prender fuego a sus escudos de protección, no concuerda con la de Yahari Brito y su acompañante. Las verdaderas agresoras son más robustas y muy parecidas a las que en la Ciudad de México también intentaron prender fuego a policías en años anteriores, durante otra marcha por el Día Internacional de la Mujer.

¿Por qué estas líneas de investigación fueron ignoradas en Campeche? La razón es muy sencilla: porque la gobernadora Sansores quiere tener a Yahari en la cárcel, como escarmiento para otras activistas campechanas y como advertencia para que ya no se vuelvan a sublevar en contra de su Gobierno.

Se trata pues, de una venganza política, y por eso es que Yahari y Rosa, son presas políticas de este autoritario y corrupto régimen. Y por eso es imperdonable que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche les haya dado la espalda.