EXPEDIENTE | ALISTAN LA GUILLOTINA CONTRA “TONY” JIMÉNEZ
Mientras por un lado, el Gobierno de la señora Sansores simula que hay “madurez política” para resolver las diferencias con el grupo parlamentario de Morena que se apartó de la “línea oficial”, y ofrece su mano amistosa para trabajar de común acuerdo, por el otro, alista la daga para darle la puñalada trapera al líder de los diputados rebeles, Antonio “Tony” Jiménez colocando su cabeza en el cadalzo, en espera de que caiga la guillotina.
Apenas el 19 de marzo pasado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche recibió una “denuncia anónima” –de esas que acostumbra este Gobierno represor—en contra de Jiménez Gutiérrez por los delitos de peculado, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo acusan de saqueo del presupuesto del Congreso del Estado con empresas factureras a su servicio.
En el expediente, además del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, se involucra a Rubén Eduardo Jiménez Juárez, director de Servicios Administrativos, a Néstor Mauricio Barreda Esquivel, vocero, y a “otros servidores públicos y particulares que resulten responsables”.
El denunciante anónimo acusa “un esquema de desvío de recursos públicos mediante la contratación de empresas factureras y personas vinculadas familiarmente con el diputado Antonio Jiménez”, señala que los documentos oficiales y contratos revelan pagos por servicios inexistentes o duplicados, entre ellos:
Transmisiones en vivo de sesiones legislativas en plataformas gratuitas, convenios de publicidad y monitoreo de prensa con montos desproporcionados, contratos de diseño gráfico institucional sin evidencia de ejecución y adquisición de equipo satelital e internet con sobreprecios.
También menciona conflicto de intereses, ya que familiares directos del diputado ocupan cargos administrativos y aparecen como proveedores, y concluye que “los hechos descritos constituyen un saqueo sistemático del presupuesto legislativo, en perjuicio del erario público y de la sociedad campechana”.
Entre las pruebas, se presentan contratos y facturas emitidas por las empresas y personas mencionadas y denuncia que “el llamado Congreso Humano le cuesta mensualmente al pueblo de Campeche 746 mil pesos”.
La difusión de actividades de Antonio Jiménez en al menos cuatro páginas y dos periodistas genera facturación por 1 millón 356 mil 200 pesos mensuales.
Agrega que el Congreso cuenta desde hace años con presupuesto y personal en Comunicación Social para atender relaciones públicas institucionales y difundir actividades de todos los diputados, no exclusivamente del presidente de la Junta de Gobierno. El fotógrafo Enrique Lara Parrao, el camarógrafo y editor Eloy Xacur García, el redactor Roberto Esquivel “El Flaquito” y dos auxiliares forman parte de esa plantilla.
Sin embargo, nada de esto parece funcionar. El gobierno de Jiménez, junto con su primo Rubén Eduardo Jiménez Juárez —impuesto como Director de Servicios Administrativos— y su vocero Néstor Mauricio Barreda Esquivel, utiliza el área de Comunicación Social para desviar miles de pesos mensuales del presupuesto legislativo.
Entre los contratos detectados se encuentran:
Servicios de transmisión en vivo de sesiones legislativas, con pagos de 166 mil, 387 mil y 155 mil pesos en 2025 a nombre de Guadalupe del Carmen Concha Hernández, pese a que las transmisiones en plataformas digitales son gratuitas.
Un convenio firmado por Concha Hernández el 6 de diciembre de 2024 por 550 mil 800 pesos. Facturas mensuales de 125 mil 077 pesos por “Servicios Profesionales de Diseño Gráfico Institucional” a nombre de Rubén Sosa Arana, sin evidencia del trabajo realizado.
Adquisición de equipo satelital Starlink v4 y servicio de internet por un mes con costo de 42 mil 854.01 pesos, entregado el 21 de mayo de 2025. Servicios de audio por 28 mil 188 pesos mensuales a nombre de Diego Bencomo Santander.
El “Congreso itinerante” y el “Congreso humano” costaron a los campechanos más de 746 mil 919 pesos, operados desde la oficina de
Comunicación Social para satisfacer un capricho del presidente de la Junta de Gobierno, sin beneficio alguno para la ciudadanía.
Entre los medios de comunicación utilizados para el saqueo se menciona a la Operadora de Medios de Yucatán que firmó el 24 de noviembre de 2024 un convenio por 174 mil pesos para difusión en la página Campeche en Línea.
Rubén Eduardo Novelo Vázquez recibió 211 mil 700 pesos en noviembre de 2024 por monitoreo de prensa, con un convenio total de 635 mil 100 pesos. Gabriela Cervera Acuña firmó convenio de publicidad por 668 mil 500 pesos en noviembre de 2024. Guillermo Officer Canché recibió 214 mil 008 pesos por difusión de actividades legislativas, transferidos el 4 de junio de 2025. Tomás Zapata Bosh obtuvo contratos de publicidad por 40 mil 608 pesos mensuales.
“En la base de datos aparecen al menos veinte empresas factureras utilizadas para saquear las arcas del Congreso. Fuentes confiables señalan que muchos pagos son depositados, cobrados y devueltos al director de Comunicación Social, lo que evidencia un esquema de lavado de dinero”, asegura la denuncia en cuestión.
Si se supone que el pasado martes, los diputados encabezados por “Tony Jiménez” y el Gobierno de Sansores “limaron asperezas” y acordaron trabajar en una agenda común, ¿van a mandar a la congeladora esta voluminosa carpeta con todas las pruebas ahí acumuladas? ¿O van a utilizar este pretexto para presionar al coordinador parlamentario a que renuncie al cargo y se designe a una persona más confiable para la gobernadora?
Lo que sea que vaya a suceder, es claro que a “Tony” le vieron otra vez la cara, y que así como él operó para defenestrar al fallecido diputado Alejandro Gómez Cazarín, de la misma forma van a actuar ahora para que sea su cabeza la que ruede por el suelo.
La enseñanza para él y sus seguidores es simple: no se puede confiar en la gobernadora Sansores. Ella no perdona rebeldías ni tolera disidencias, se hace lo que ella ordena y quien se oponga paga las consecuencias.
Al tiempo.
