RESTRICCIÓN DE CELULARES EN ESCUELAS ES MEDIDA NECESARIA, PERO INCOMPLETA, SEÑALAN; “NO CONTEMPLA SANCIÓN NI QUIÉN LOS RESGUARDARÁ”
San Francisco de Campeche.- La regulación del uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en planteles de educación básica tiene fundamento educativo y social, pero su aplicación podría generar conflictos si no se establecen protocolos claros y consecuencias uniformes, advirtió José Segovia Cruz, presidente en Campeche de la A. C. Nacional Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación.
Explicó que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece la restricción del uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, con excepciones por motivos pedagógicos, médicos o de emergencia. En el caso de la educación media superior, cada plantel deberá establecer sus propias reglas.
Segovia Cruz señaló que uno de los principales puntos de preocupación es que el acuerdo no contempla una sanción uniforme para quienes incumplan la disposición, por lo que su efectividad dependerá de las reglas que establezca cada escuela.
Consideró que las medidas deberían contemplar consecuencias claras, graduales y proporcionales para los estudiantes que incumplan la regulación, sin recurrir a suspensiones, expulsiones o afectaciones en las calificaciones, por lo cual planteó la necesidad de definir qué ocurrirá cuando un alumno utilice el teléfono para grabar dentro del plantel.
Otro aspecto que, dijo, requiere precisión es el resguardo de los dispositivos, pues debe determinarse quién será responsable del teléfono cuando sea retirado a un estudiante y bajo qué condiciones será devuelto, debido a que la ausencia de reglas podría provocar reclamos entre padres de familia, docentes, directivos y personal administrativo.
También destacó que los celulares pueden convertirse en herramientas educativas cuando su uso responde a objetivos pedagógicos y cuenta con la orientación de los docentes, particularmente en educación básica.
Las entidades federativas dispondrán de 180 días, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, prevista para el 3 de noviembre, para armonizar sus instrumentos jurídicos con las nuevas disposiciones, precisó Segovia Cruz.
