RÉGIMEN DICTATORIAL
Si creíamos que el Poder Judicial de Campeche aún operaba con criterios de independencia, autonomía y respeto a las leyes, hay que decir que es totalmente falso…
Cuando se emitieron los primeros resolutivos contra TRIBUNA y el periodista Jorge González Valdez –el retiro de la plataforma informativa por dos años, la prohibición de ejercer el periodismo por ese lapso al exdirector del matutino, el censor judicial para vigilar qué se puede publicar y qué no, etcétera—el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Manuel Enrique Minet Marrero, opinó que la resolución de la jueza no era definitiva pues podría ser modificada por las instancias superiores.
La impresión que generó con esa declaración era su posible desacuerdo con la aberración judicial de la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, y algunos supusimos de buena fe que aún le quedaba un poco de ética y de respeto propio por parte de los magistrados campechanos, pero hay que admitir que nos equivocamos.
Si creíamos que el Poder Judicial de Campeche aún operaba con criterios de independencia, autonomía y respeto a las leyes, hay que decir que es totalmente falso. Con la resolución del pasado viernes 29 de agosto para ratificar las medidas cautelares contra TRIBUNA y el periodista Jorge González Valdez, hemos terminado de confirmar que en Campeche solo impera el arbitrio, el capricho y los deseos de venganza de la gobernadora Layda Sansores San Román.
Lo anterior porque Minet Marrero y el resto de los magistrados del Poder Judicial campechano determinaron mantener las medidas cautelares contra el periodista Jorge González Valdez quien deberá tener un censor que revise sus publicaciones y la página digital TRIBUNA deberá notificar ese organismo todas las publicaciones dónde se mencione a la gobernadora Sansores.
Lo único que modificaron fue que Organización Editorial del Sureste no revele el nombre del responsable de redes sociales, sin embargo, la obligaron a enviar de manera simultánea a su publicación, todas las notas que mencionen a Sansores San Román. Dicho material será revisado por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que definirá si procede o no alguna sanción.
Era de esperarse –como ocurrió– una reacción unánime de repudio a esas medidas. Toda la prensa nacional e internacional independiente y objetiva, han rechazado las sanciones y confirman que en Campeche vivimos bajo un régimen de opresión y censura a la libertad de expresión. No tienen el Gobierno ni Layda Sansores algún argumento que pueda convencernos de lo contrario. Por eso la mandataria no concede entrevistas a los medios nacionales, tiene pánico de que la hagan quedar en ridículo.
Lamentable que se haya confirmado la supeditación del Poder Judicial de Campeche a los caprichos de la mandataria. La ausencia de una auténtica división de poderes nos confirma que avanzamos con rumbo equivocado, con destino a 8un régimen dictatorial y vengativo que, de facto, ya lo estamos viviendo los campechanos.
