Indaga SEIDO a Gobernador de Tamaulipas por presunto lavado de dinero del narco
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico en contra del gobernador de Tamaulipas,Francisco Javier García Cabeza de Vaca, confirmaron autoridades federales.
Tras 10 meses de seguimiento a Cabeza de Vaca, y en colaboración con instituciones de inteligencia federales y del gobierno estadounidense, la SEIDO obtuvo escuchas telefónicas proporcionadas por la DEA (Administración para el Control de Drogas de EU) que indican que el mandatario tamaulipeco podría haberse beneficiado de presuntas ganancias del crimen organizado.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aportó al expediente pruebas contra Cabeza de Vaca por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.
La investigación federal incluye al círculo familiar más cercano del político panista, quien ha fungido como alcalde, diputado federal y local, senador y funcionario del gobierno de Felipe Calderón.
También fue implicado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el presunto pago de sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética en 2013.
La FGR inició las pesquisas contra Cabeza de Vaca a partir de indicios de que construyó un patrimonio inmobiliario, sobre todo en Estados Unidos, con recursos que no se justifican en ninguna actividad legal. El pasado 11 de junio, la indagatoria fue turnada a la SEIDO para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.
A esa indagatoria se sumará una denuncia relacionada con los mismos hechos presentada el pasado 29 de junio por el morenista Alejandro Rojas Díaz-Durán, quien acusó que Cabeza de Vaca y colaboradores de su gobierno tienen nexos con el Cártel del Golfo y el de Los Zetas.
En febrero de 2016, en medio de la campaña por la gubernatura, se divulgó que un presunto operador del Cártel del Golfo identificado como Héctor Crescencio de León Fonseca, “El R3”, acusó que el entonces candidato del PAN recibía pagos del grupo criminal. El sospechoso hizo el señalamiento en una declaración formulada ante policías federales tras ser detenido el 7 de enero en Altamira.
“Tengo conocimiento que mi jefe el ‘R2’ y/o el ‘Toñín’, quien es Marco Antonio Haro Rodríguez, le entrega dinero a un político de nombre Francisco Javier Cabeza de Vaca. Esto lo sé porque cuando le entrego el dinero que recojo, él me menciona que ese dinero es para el político Cabeza de Vaca”, rezaba la declaración del detenido, misma que fue consignada ante el Agente del Ministerio Público de la SEIDO, según dio a conocer Reforma.
Rojas Díaz-Durán incluyó en su denuncia imágenes de narcomantas difundidas en 2019 en las que, supuestamente, el Cártel del Golfo acusó al gobernador de recibir de la organización criminal 15 millones de pesos para su campaña electoral, y le recriminó por no cumplir un presunto acuerdo para “permitirles operar” en el estado.
En diciembre de 2016, cuando recién asumió la gubernatura de Tamaulipas, Cabeza de Vaca publicó una declaración en la que reveló su riqueza patrimonial y la de su esposa, Mariana Gómez Leal: en total, 12 propiedades, entre casas, departamentos y terrenos, localizados en la Ciudad de México, en Reynosa, Tamaulipas, y en McAllen, Texas, constató Animal Político.
Tan sólo en 2012, año electoral en el que compitió como candidato al Senado por el PAN, adquirió junto con su esposa cinco propiedades en Reynosa, su ciudad natal, de la que fue alcalde.
Ya como senador, en noviembre de 2013, un mes antes de la aprobación de la reforma energética, compró un departamento de 481 metros cuadrados en el exclusivo Club de Golf Bosques de Santa Fe, en Cuajimalpa, por un valor de 14.3 millones de pesos.
La denuncia de Rojas Díaz-Durán estima que el valor de todas las propiedades de Cabeza de Vaca suman 104 millones de pesos, mientras que el sueldo que pudo haber obtenido por sus cargos como funcionario público, entre 2000 y 2016, habría sido de 13.2 millones de pesos en total. Tomando en cuenta que no hubiera gastado un solo centavo de sus ingresos para vivir, la diferencia entre su patrimonio y sus ingresos es de 90.8 millones de pesos, indica la denuncia.
Fuente: Vanguardia
