Expediente

EXPEDIENTE | ESTUDIOS DEL INEGI DESMIENTEN A SANSORES

El enésimo intento de la gobernadora Layda Sansores de exonerar a su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, por el incremento de la incidencia delictiva en la entidad, culpando a los medios de que “los ciudadanos vivan con temor”, choca con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que precisan que para diciembre de 2025, el 62.5 por ciento de la población se sentía cada día más insegura.

Como es usual con los gobiernos de Morena, se recurre a la retórica barata y al discurso fácil, en el cual la excusa ideal es culpar a otros de que los ciudadanos no se sientan seguros, porque según la narrativa gubernamental, nos encontramos entre las tres entidades “más seguras” del país.

Que los medios reproduzcan los hechos delictivos que se suscitan, o los frecuentes actos de corrupción o de abuso de autoridad de la policía de Marcela, podría ser ciertamente la causa de que los campechanos perciban que no solamente tenemos que cuidarnos de los delincuentes, sino también de los subalternos de la guanajuatense.

Basta una pequeña revisión de los hechos irregulares en que han incurrido los uniformados, para justificar el pánico que siente el ciudadano —sobre todo los turistas— cuando una patrulla se le pega al vehículo. ¿A quién hay que temerle entonces? ¿A los medios que informan con precisión lo que sucede, o a los policías que se agarran de cualquier excusa para extorsionarnos?

Claro, eso no se lo informa la señora Marcela a su “guía”, a su “sensei” que le marca a las 3 am para platicar trivialidades. Por increíble que parezca, la propia comandanta le ha pedido a los medios de comunicación que no publiquen información negativa, sino que hablen de las cosas buenas” que hace su corporación.
Y sí, por eso ahora se está hablando de esos dos policías que podrían ir al penal de San Francisco Kobén, por repeler una agresión a balazos en su contra en la colonia Josefa Ortiz. Quizá Marcela, en su demencial obsesión por ganarse el cariño del pueblo, necesitaba que esos oficiales se dejaran ejecutar, para presumirlos como héroes que sirvan también para purificar la putrefacción que hay en la SPSC.

Pero no, los policías se defendieron, hirieron a varios de sus agresores, y en lugar de reconocimiento les abrieron expedientes penales para procesarlos como responsables de intento de homicidio. Sin duda alguna que esas nuevas teorías sobre justicia y seguridad pública, fueron parte de la tesis doctoral de la señora Marcela. Si es que hizo la tesis, porque todos cuchichean en el sentido de que compró el título.

Culpar a los medios de información de que los ciudadanos vivan con temor, es otra de las instrucciones del manual de manejos de crisis de la 4T, por eso es que la gobernadora lo repite hasta el cansancio: a alguien hay que culpar del crecimiento de la percepción de inseguridad.

Según el Inegi la percepción de inseguridad en la capital de Campeche subió del 57.1% en septiembre al 62.6% en diciembre de 2025. En comparación con diciembre de 2024, la percepción de inseguridad aumentó 13.8% en la capital y 4.1 por ciento en Ciudad del Carmen

Durante el año, se reportó un repunte que ubicó a la capital por encima de la media nacional (63%) al pasar del 49.7% en junio de 2024 al 69.3% en junio de 2025.

¿Qué incide en que la percepción de inseguridad haya aumentado de manera tan grave? La principal causa es la alta cifra de ejecuciones que se han suscitado durante el Gobierno de la señora Sansores, que al parecer llegó de la mano con el crimen organizado. Ya van 315 en casi cinco años, y 21 tan solo en el primer trimestre de este año.

Ha fracasado la estrategia de las comadres Layda y Marcela de achacar esos crímenes a pleitos entre borrachos, o disputas familiares. Hay videos muy reveladores, donde se observa a sicarios a bordo de motocicletas ejecutando a sus adversarios. Y el motivo, según han admitido los dos inútiles fiscales que hemos tenido —Renato Sales y Jackson Villacís— es la disputa entre narcomenudistas por el control de la plaza.

Pero también han aumentado otros delitos como los robos, las extorsiones, el abigeato en las zonas rurales, las violaciones, pero el Gobierno de la señora Sansores prefiere maquillar las cifras o esconderlas bajo la alfombra, en lugar de impulsar estrategias que permitan dar con los malandros y refundirlos en las cárceles.

Es más fácil montar operativos y retenes en las principales avenidas, para extorsionar a los ciudadanos e incautarles sus vehículos bajo cualquier pretexto, que atacar de frente a la delincuencia organizada, que es la que está detrás de las ejecuciones, y que es la única que se beneficia con esos intentos de Layda y Marcela, de culpar a los medios de información del incremento en la incidencia delictiva. Entonces, ¿para quién trabaja este par de comadres?

Quizá ninguna de las dos se ha percatado de que al pueblo ya no se le engaña, que no se tragan sus mentiras, y que tienen una opinión razonada sobre el tema de la seguridad pública y la impartición de justicia en Campeche, dos rubros en los que el Gobierno de la señora Sansores ha fracasado estrepitosamente, pero en lugar de asumir su responsabilidad, prefiere culpar a los medios. No solo es una gran estupidez, sino también un absurdo intento de justificar su fracaso.

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