Christian Chávez modifica bandera; sería multado
Ocurrió durante un concierto del grupo RBD
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El cantante mexicano Christian Chávez se convirtió en el centro de la atención mediática y las redes sociales, después de ondear una bandera de México que fue modificada con los colores del arcoíris de la comunidad LGBT+.
Este controvertido gesto ocurrió durante uno de los conciertos de RBD, la banda de la que Chávez forma parte.
Las redes sociales se inundaron de comentarios y críticas hacia el artista, quienes manifestaron su desacuerdo con la alteración de la Bandera nacional. Algunos usuarios expresaron que esto era una falta de respeto hacia uno de los símbolos patrios más importantes del país.
La pregunta que se plantea ahora es cuánto podría enfrentar Christian Chávez como multa por su acción. Según el Código Penal Federal de México, en su apartado de Delitos contra la Seguridad de la Nación, el artículo 191 establece que “al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez”.
Además, el artículo 192 del mismo código señala que “al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, se le aplicará de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco a mil pesos”.
La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que rige en México desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación en 1984, establece claramente las características de la Bandera Nacional, incluyendo sus colores y diseño. Alterarla va en contra de esta ley.
La Secretaría de Gobernación tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de esta ley, y todas las autoridades del país están obligadas a auxiliar en su aplicación, incluyendo las autoridades educativas en los planteles educativos.
Por lo tanto, Christian Chávez podría enfrentar consecuencias legales por su acción de ondear la bandera alterada, que van desde multas económicas hasta prisión, según la decisión de las autoridades competentes.