EXPEDIENTE | OJO CON LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE CAMPECHE
No es aislado lo que sucedió en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en que su ahora expresidenta, la corruptísima Guadalupe Taddei, fue pillada haciendo negocios turbios con sus allegados.
Y vale la advertencia no solo por lo que sucede en la capital del país, sino porque aquí, en Campeche, las autoridades electorales han dado muestras fehacientes de su inclinación a favorecer al régimen y a proteger de cualquier ataque a la arbitraria gobernadora Sansores.
Y esta actitud lo mismo abarca al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), como al Tribunal Electoral (TEEC), cuyos serviles integrantes se han puesto a la orden de la gobernadora y de su partido.
Prueba de ello son las decenas de recursos de queja que han presentado tanto Movimiento Ciudadano como el Partido Revolucionario Institucional por los actos anticipados de campaña, derroche de recursos públicos con fines partidistas, precampaña de sus referentes o precandidatos en edificios y oficinas públicos, así como la descarada e inmoral intromisión de la gobernadora en asuntos electorales.
Mención aparte merecen los descubrimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades en adjudicaciones del INE y de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), relacionadas con una red de empresas vinculadas a los hermanos José y Raymundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 estados del país, entre ellos, Campeche.
El expediente señala que en nuestro Estado, las auditorías identificaron el contrato con folio DEAPPAP/010/2021, otorgado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), por un monto de 24 millones 180 mil 207.54 pesos.
Las investigaciones señalan que la relación empresarial con Guadalupe Taddei Zavala se remonta a 2014, cuando encabezó el Instituto Electoral del Estado de Sonora, cargo que ocupó hasta 2021.
En marzo de 2024, la ASF detectó irregularidades en una adjudicación directa del INE a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por 63 millones 241 mil pesos, destinada a producir y distribuir materiales de simulacro para el proceso electoral federal 2023-2024. Tras identificar una presunta triangulación de recursos hacia otras empresas, la UIF inició una investigación.
¿Quién se benefició de esa adjudicación? ¿Quién de los integrantes del Consejo General del IEEC se quedó con el diezmo o comisión correspondiente?
Deberían informarlo.
Porque los antecedentes de hechos de corrupción en el IEEC son extensos y bien documentados.
Recuérdese el caso de Mayra Fabiola Bojórquez González, expresidenta del IEEC, acusada por presuntos desvíos de recursos y actos de corrupción que oscilan entre los 112 y 160 millones de pesos cuando fue presidenta del Instituto entre 2015 y2021.
A ella le correspondió dirigir la elección en que Layda Sansores “ganó” la gubernatura en medio de un proceso plagado de irregularidades, y en que, según testimonios de los propios protagonistas, votaron hasta en dos ocasiones por ella, según narró el pescador champotonero Enrique Poot en un “martes de Jaguar” de junio de 2022.
¿Por qué nunca procedió la queja que presentó Lirio Suárez Améndola, quien sustituyó a Mayra en la presidencia del IEEC? ¿Y por qué en cambio el propio Gobierno del Estado operó para que Lirio fuera destituida del cargo y se le despojara de su calidad de consejera electoral?
¿Son acuerdos previamente consensados entre la gobernadora y la presidenta del IEEC que la ayudó a ganar su elección?
Puede ser. Porque recuérdese que Mayra Fabiola posteriormente se convirtió en asesora de Morena para temas electorales.
Hubo al menos cuatro denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche contra Mayra Fabiola y otros consejeros electorales. Incluso, según trascendió, fueron liberadas las órdenes de aprehensión, pero éstas jamás se ejecutaron.
¿Devolvieron el recurso? ¿Negociaron su libertad a cambio de no confesar lo que verdaderamente ocurrió en el proceso electoral de 2021, en que se hizo ganar a como diera lugar a Layda Sansores, que aparecía en un distante tercer lugar entre las preferencias de los campechanos? Todo apunta a que así es.
Lo peor de todo es que este asqueroso contubernio se mantiene. Ya no está Mayra Fabiola en el IEEC, pero dejó sembradas las redes que van a operar para que Morena vuelva a ganar la elección de 2027.
Ha habido complicidad para tolerar los excesos de los aspirantes de Morena, y para permitirle a la gobernadora que descaradamente haga promoción de sus candidatos.
No ha habido ni una llamada de atención, ni una amonestación, ni siquiera se atreven a opinar sobre los excesos en que incurren los morenistas.
Tenemos autoridades electorales, tanto en el Consejo General como en el Tribunal, totalmente al servicio de la gobernadora y de su partido.
Porque eso sí, son muy buenos para sancionar a periodistas, a activistas, a ciudadanos y a líderes de la oposición por presunta violencia de género, pero callan ante los abusos y excesos en que incurren la gobernadora y sus candidatitos.
Por eso hay que tener cuidado con nuestras autoridades electorales. En este momento no nos garantizan ni imparcialidad, ni por lo menos piso parejo en la contienda que se avecina.
Pero bueno, si ya lograron tumbar a la corruptísima Taddei, que los consejeros estatales y magistrados pongan sus barbas a remojar.
