EXPEDIENTE | FALSEADAS LAS CIFRAS DE SEGURIDAD DE MARCELA
Desde hace varios meses, en esta columna hemos venido alertando sobre las perversas intenciones del Gobierno de Layda Sansores y de su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, para presentarnos el espejismo de la supuesta reducción de la incidencia delictiva, como “un logro” de la guanajuatense.
Esta semana, dos cifras oficiales fueron totalmente manipuladas por la gobernadora Sansores para ensalzar a su querida comadrita, y con el objetivo nefasto de que nos olvidemos que tiene una recomendación en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), por los hechos ocurridos la madrugada del 15 de marzo en el penal de San Francisco Kobén.
La recomendación de la Codhecam es muy clara: Marcela fue responsable de las ilegalidades que sucedieron en esa fecha, y por tanto debe ser cesada, o por lo menos suspendida de sus funciones, e inhabilitada. Pero la gobernadora, acostumbrada a pisotear los derechos humanos de todos, desacata la observación de ese organismo.
La quiere presentar como la responsable de que la percepción de inseguridad haya bajado en la capital de Campeche, pues según datos del Inegi, pasó de 65.9 por ciento que se tenía en junio pasado, al 49.6 por ciento en septiembre de este año. Una baja de 16.3 por ciento.
No deberían echar las campanas al vuelo ni la gobernadora ni Marcela, pues baste recordarles que en junio de 2022, la percepción de inseguridad en Campeche era de 48.7 por ciento y si ahora es de 49.6, quiere decir que no hemos podido recuperar ese clima de paz que disfrutábamos antes de que ambas se enraizaran en el poder.
Vistas así las cosas, vale preguntar: ¿qué ha logrado Marcela? Hasta ahora nada.
Porque lo que no dijo ni ha replicado en sus redes la señora Sansores, es que, según esas mismas cifras, entre junio de este año y septiembre del mismo, la percepción de inseguridad en Ciudad del Carmen pasó de 45.8 al 51.7 por ciento. O sea tuvo un crecimiento de 6.9 por ciento.
¿Por qué no lo dice?
Porque se niega a aceptar que Ciudad del Carmen, gobernado por Pablo Gutiérrez Lazarus, a pesar de que oficialmente solicitó y obtuvo licencia, es la capital del crimen en Campeche y que gran parte de la culpa es del propio Pablo, y la otra mitad es atribuible a la señora Marcela.
La otra versión es echarle toda la culpa a Gutiérrez Lazarus, como hizo hace unas semanas la propia Marcela, aunque con ello se haga trizas el falso sonsonete oficialista de que “es el mejor presidente municipal del país”.
Así que la gobernadora debe decidir si salva a Marcela, o defiende a Pablo, porque no se pueden ambas cosas.
El otro dato oficial que presumió la gobernadora es del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que refiere que “los delitos de impacto disminuyeron 38%; los homicidios dolosos, 33%; y las lesiones dolosas, el delito más recurrente en nuestra entidad, bajaron 50 por ciento”.
¿Qué es lo que realmente ha pasado? En este espacio lo advertimos desde mediados de 2025 con cifras oficiales del propio SESNSP.
Mientras que en 2022 se registraron en total 25 mil 536 hechos delictivos y para 2023 esa cifra aumentó a 25 mil 849, a partir de 2024 se observa una reducción milagrosa, pues solamente se reportaron 12 mil 439 delitos, es decir, el desplome fue del 52 por ciento.
La “estrategia” continuó en 2025, pues solo se abrieron 5 mil 581 carpetas de investigación, cifra que revela que la baja en la incidencia delictiva fue del 77 por ciento en comparación con los datos de 2023.
¿Qué ha ocurrido?
Que en la Fiscalía ya no abren carpetas de investigación, y por tanto los reportes que se pasan al SESNSP no reflejan la realidad, sino solo el maquillaje que el vicefiscal Arturito Bravo Muñoz —el hijo de Marcela— le aplica a las cifras oficiales.
Porque esa, y no otra, es la verdadera función del junior Arturito: lavar el rostro de la ineptitud que tiene su madre, y presentarla como eficiente, al “lograr” la reducción de la incidencia delictiva.
Lógicamente que con esos datos, el espejismo nos nuestra que el trabajo policiaco está dando resultados, pero la realidad es diferente, y eso lo vemos todos los días en la entidad, principalmente en el Sur, pero sobre todo en Ciudad del Carmen, donde sigue gobernando Pablito.
La verdad de las cosas es que nada ha logrado Marcela. Su desempeño ha sido el más nefasto en toda la historia de nuestra entidad y por más que la gobernadora intente exagerar sus presuntos resultados, la realidad muestra que la guanajuatense ha sido ineficiente e incompetente en el desempeño de sus funciones.
Así que más que maquillar cifras, lo que la gobernadora Sansores debería hacer es analizar a detenimiento la recomendación que le envió la Comisión de Derechos Humanos, y simplemente aplicar la ley, y ésta es implacable, pues ordena que su querida comadrita debe ser destituida e inhabilitada, y que se le deben fincar responsabilidades penales.
Y mientras Layda Sansores no le dé cumplimiento a la recomendación de la Codhecam, seguirá siendo cómplice de la impunidad, el encubrimiento y la protección hacia la guanajuatense, en perjuicio de la prevalencia del Estado de Derecho.
