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EL GOBIERNO DE LAYDA ES FASCISTA, AUTORITARIO Y REPRESOR COMO HACE 58 AÑOS: ABOGADO; “PERIODISTAS CRÍTICOS SON PERSEGUIDOS Y REPRIMIDOS”

-Su brazo ejecutor es Marcela Muñoz, quien no recibió sanción alguna pese a la recomendación de la Codhecam por su ineptitud en el operativo fallido en Kobén

San Francisco de Campeche.- A 58 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, al parecer el tiempo no avanza, pues en el país y, en particular, en Campeche permanecen el ánimo represor y autoritario, lamentó el activista y abogado Miguel Carrillo.

En un video difundido en sus redes sociales, Miguel Carrillo dijo que desde la llegada de Layda Sansores se ha vivido un ambiente de zozobra entre quienes se atreven a manifestar sus ideas y no están de acuerdo con su Gobierno, pues son intimidados, reprimidos y, además, se busca la manera de fabricarles algún tipo de ilícito para inhibir la protesta social.

Ha habido represalias contra periodistas y comunicadores que exponen las corruptelas o el mal desempeño del Gobierno de Layda Sansores, que ha mantenido al Estado de Campeche hundido económicamente y con un gran aumento en la inseguridad. También diversos activistas y defensores de derechos humanos han sido víctimas de represión y persecución. “Es algo que nos mantiene estancados en el fantasma del 68”, aseveró.

El brazo ejecutor de la mandataria estatal es Marcela Muñoz, jefa de la Policía de Campeche, quien con cinismo culpó del incremento de la inseguridad en la entidad a las malas condiciones de las calles, cuando desde hace tiempo debió renunciar por violentar los derechos humanos de muchas personas, pero goza de una gran impunidad que le ha regalado la titular del Ejecutivo estatal.

Miguel Carrillo recriminó que, pese a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) por la ineptitud e ineficiencia de Marcela Muñoz en el operativo fallido de Kobén, no hubo consecuencias jurídicas ni sanción política que obligaran a esta funcionaria a dejar, por dignidad, su cargo. Incluso, se oyen voces de que se le pretende otorgar una diputación para protegerla de las anomalías y abusos que ha cometido, con el aval de la gobernadora.

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