EXPEDIENTE | ¿CASTIGARÁN EL HUACHICOLEO DE MARCELA MUÑOZ?
Una semana antes de la presentación de su quinto “informe”, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román se encuentra quizá, ante una de las últimas oportunidades que le dan en la vida, para hacer lo correcto y recuperar una mínima parte de respaldo ciudadano.
Tras las graves acusaciones contra la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, por haber dejado sin vigilancia a la ciudad por un lapso superior a las 48 horas, la gobernadora Sansores tiene elementos y argumentos jurídicos suficientes para pedirle su renuncia con carácter irrevocable.
Y es que en esa gravísima falta cometida por la comandanta guanajuatense, varias figuras se configuran para fincarle responsabilidades.
La primera, el manejo corrupto e irresponsable de los vales de gasolina, que propició que las unidades que se encuentran al servicio de la comunidad se quedaran sin combustible para trabajar. Segundo, que ella incurriera en una imperdonable omisión en el desempeño de sus funciones, al dejar a los ciudadanos campechanos a merced de los delincuentes, y tercero, su permanente y enfermizo enfrentamiento con otros integrantes del gabinete.
Recuérdese que Marcela Muñoz llegó a decir públicamente en varios programas de los martes, que era la “funcionaria consentida” del gabinete —la propia gobernadora ha dado incontables muestras del cariño que siente por ella, tratándola de colocar en un inmerecido pedestal— y, además, es la única funcionaria de la que la mandataria no acepta quejas ni acusaciones.
Eso le ha conferido a la titular de la SPSC un poder extraordinario. Al grado que supone que los demás miembros del gabinete se encuentran a sus órdenes y por tanto deben acatar sus instrucciones cada vez que truena los dedos.
Pero la realidad es otra.
Y se lo demostraron el pasado fin de semana, cuando desde la Secretaría de Finanzas le suspendieron la dotación de vales de combustible para la operatividad de las patrullas. La razón de ese castigo: le detectaron muy graves irregularidades en el manejo de los vales de gasolina, y un huachicoleo interno que le esta generando ingresos multimillonarios a ella y a sus cómplices.
Se sabe por ejemplo, que el encargado del manejo del combustible en la SPSC es un joven colaborador de Marcela Muñoz de nombre Ariel Damas Matú, quien se ha dedicado a “ordeñar” masivamente el combustible que recibe, y se le acusa incluso de acudir a las estaciones de servicio a cambiar por efectivo los vales que no reparte.
Policías en servicio denunciaron, por ejemplo, que las 13 motocicletas Harley-Davidson que patrullaban la ciudad y que Marcela Muñoz decidió retirar de circulación, siguen apareciendo diariamente en las bitácoras de suministro de combustible, como si continuaran en operación. Lo más grave es que en esos registros consta que se les llena el tanque todos los días, pese a que permanecen abandonadas. ¿Cuánto se roba diariamente tan solo por estas motos?
Pero el problema es general. Son numerosas las unidades abandonadas, a las que se les sigue “surtiendo” gasolina todos los días, mientras que las que realmente están en servicio reciben el combustible de manera racionada y el colmo llegó el pasado fin de semana cuando solamente les dieron 600 pesos para patrullar todo el día, por lo que, lógicamente, varias unidades quedaron varadas en las calles.
El resultado: la ciudad capital se quedó sin vigilancia y a merced de la delincuencia porque las patrullas, camionetas y motocicletas ya no pudieron salir a hacer sus recorridos nocturnos porque carecían de combustible.
El abogado Ignacio Daniel Navarrete Navarrete posteó en sus redes una acusación muy seria contra la comandanta Marcela Muñoz y sostuvo que incurrió en una omisión constitucional que ameritaría fincarle responsabilidades.
Recordó que el Artículo 21 de nuestra Constitución Política es tajante: la seguridad pública es una función y una obligación ineludible del Estado. “Cuando las autoridades son incapaces de suministrar el insumo más básico para que las fuerzas del orden operen, escribió el abogado, se está vulnerando de facto el pacto social y nuestro derecho humano a la seguridad. Proveer las herramientas para la vigilancia no es una concesión gubernamental, es la garantía mínima e indispensable para el ejercicio de nuestras libertades ciudadanas” concluyó.
Si la causa de esta irresponsable omisión se sometiera a una investigación oficial, no dudaríamos que caería la cabeza del secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla, con quien Marcela Muñoz tiene pleito desde hace varios meses. Si la gobernadora protegiera una vez más a su querida comadre, que le contesta el teléfono a las 3 de la mañana, podría cesar al chilango que maneja las finanzas públicas como si el dinero fuera de su propiedad.
La mandataria está ante quizá la última oportunidad de su vida para reconciliarse con la historia, y hacer, por primera vez en muchos años, lo correcto. El cese de Marcela Muñoz es un clamor popular, y ahora más que nunca hay razones suficientes para pedirle que se vaya.
