A YAHARI LE FABRICAN DELITOS Y NO HAY SUSTENTO LEGAL PARA NEGARLE LA PRISIÓN PREVENTIVA DOMICILIARIA: ABOGADO
Circula en redes: En respuesta al señalamiento en una página digital “de dudosa procedencia, pues hay múltiples páginas pagadas por el Gobierno Estatal para denostar y atacar a sus opositores”, que consideró negativa mi exigencia de que le otorguen la medida de prisión preventiva domiciliaria a Yahari, el abogado Miguel Carrillo resumió que hay ignorancia jurídica y misoginia.
Manifestó que tanto medios locales afines a la Administración estatal, en especial a esa persona que ni se identifica, como la propia gobernadora Layda Sansores, han actuado al margen de la ley al emitir juicios paralelos y sentenciar públicamente a la joven, con lo cual vulneran el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Federal, y el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. “Es una tontería”, aseveró.
Acusó a las autoridades de Morena de aplicar ley selectiva, “pues protegen a capa y espada a sus presuntos delincuentes exigiendo que se les respete la presunción de inocencia y el desahogo de las pruebas suficientes para culparlos, lo que no hacen con los demás ciudadanos, opositores, enemigos políticos y gente que no piensa como ellos, a quienes ejercen todo el peso de la ley sin respetar sus garantías constitucionales”.
El abogado defensor reveló que tuvo acceso a la carpeta de investigación, denunció que la detención inicial careció de flagrancia y calificó como irracional e inverosímil la narrativa presentada por los elementos aprehensores, por lo cual, se trata de una fabricación de pruebas por parte de las corporaciones policiales y ministeriales de Campeche.
Finalmente, Miguel Carrillo subrayó que Yahari está en un estado avanzado de embarazo, por lo cual su salud y la de su hijo corren riesgo bajo el régimen ordinario de reclusión, y recalcó que no existen los supuestos legales para negarle el beneficio domiciliario, pues no representa un peligro de fuga ni un riesgo para la sociedad o las autoridades, por lo cual exigió un proceso imparcial y apegado a derecho.
