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MORENA QUIERE IMPONER REFORMA “EN FAST TRACK”, ACUSA ALDO CONTRERAS

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Aldo Román Contreras, arremetió contra la reforma constitucional que busca sancionar la intervención extranjera en los procesos electorales, al acusar que detrás del discurso de defensa de la soberanía nacional existe una intención política que genera incertidumbre jurídica y presiona a los congresos estatales.

Durante la discusión legislativa, el legislador cuestionó los argumentos utilizados para promover la iniciativa, la cual es presentada por sus impulsores como una medida para fortalecer la democracia, proteger la soberanía popular y garantizar principios como la legalidad, la imparcialidad y la autenticidad del sufragio.

“No intenten engañar. Qué casualidad que ahora quieren venderles a los magistrados su permanencia a cambio de que configuren delitos de injerencia extranjera. Están desesperados. El trasfondo de esto es porque ahora ven realidades que en sus encuestas. Nos obligan las legislaturas de los estados a armonizar el marco jurídico antes del 5 de junio de 2026. Díganme si eso no es fast track”, reclamó. 

Sostuvo que la propuesta surge en un contexto político complicado para el partido gobernante y aseguró que existe preocupación dentro del oficialismo por los resultados que reflejan diversos ejercicios de medición de opinión pública. También criticó uno de los artículos transitorios de la reforma, que establece que las legislaturas estatales deberán armonizar su marco jurídico antes del 5 de junio de 2026. A su juicio, esta disposición representa una imposición legislativa que contradice el discurso de construcción de consensos.

El integrante de la bancada naranja señaló además que resulta contradictorio exigir la adecuación de las leyes locales cuando, según afirmó, ni siquiera existen acuerdos definitivos sobre el contenido de la reforma y algunas disposiciones secundarias han sido retiradas del debate. Por ello, adelantó que Movimiento Ciudadano votará en contra de la minuta, al considerar que responde más a intereses del gobierno que a una necesidad real del sistema democrático mexicano.

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