EXPEDIENTE | CAMPECHE SE SIGUE BAÑANDO EN SANGRE
Campeche se tiñó de sangre y luto el pasado viernes 8 de mayo del año en curso. Diez personas fueron ejecutadas a balazos, al menos siete de ellas al estilo sicarial, con lo que no solamente se impuso un nuevo récord en el historial delictivo de nuestro Estado, sino que rebasamos a entidades del país donde la violencia y los homicidios están a la orden del día como Guanajuato, Sinaloa y el Estado de México.
Ya tienen, la gobernadora Layda Sansores y su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, una medalla más para colgarse en el pecho; otra estrellita para pegarse en la frente, porque gracias a su ineptitud, incompetencia y valemadrismo, Campeche ya se codea, en términos de violencia, con los estados más sangrientos del país.
Mientras que los indicadores económicos siguen ubicando a Campeche como el Estado con menor crecimiento económico a nivel nacional —el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) elaborado por el Inegi, destacó que en Campeche disminuyó 10.6 por ciento la actividad económica en el cuarto trimestre de 2025—, la cifra de homicidios y ejecuciones sigue al alza.
¿Y qué hizo el Gobierno de la señora Sansores ante esa inusual explosión de violencia en Campeche? Tratar de ocultarlo. Con total cinismo y sin tantita progenitora, decidieron reportar ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solamente cinco de los 10 homicidios dolosos registrados el pasado viernes 8 de mayo.
¿La razón? Ocultar la realidad, seguirla maquillando para no visibilizar uno de los fracasos más contundentes de esta Administración, que es el relacionado con la seguridad de que antes disfrutábamos. Si hasta hace cinco años ocupábamos el primer lugar en cuanto a entidades más seguras, ahora estaremos por el quinto si bien nos va, aunque la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía (70%), está muy por encima de la media nacional (61.5 por ciento).
En Calakmul fueron cuatro las familias que se enlutaron por culpa de Marcela Muñoz. Cuatro campesinos fueron asaltados a punta de ráfagas de metralleta. Los despojaron de sus apoyos de ‘sembrando vida’ que habían ido a cobrar a Xpujil. Como llevaban las tarjetas de varios habitantes del ejido Nuevo Refugio, no es posible saber el monto exacto que les quitaron.
¿Y cómo respondió ante esta tragedia la gobernadora Sansores? Con silencio total. Ni una condolencia, ni un mensaje a las familias afectadas, ni una frase de consuelo y mucho menos el ofrecimiento de que trataría de compensarles el dinero que les robaron. Nada.
Los tres homicidios en el Municipio de Escárcega fueron justificados como “un pleito de familiares por la disputa de un terreno” y las tres ejecuciones en la capital fueron resultado de “pleitos de cobranza entre agiotistas”. El lacónico mensaje sobre estos hechos del fiscal Jakson Villacís Rosado dejó más dudas que certeza, y sin duda se ajustó al guión que le mandaron desde Palacio de Gobierno.
¿Por qué la prisa por exonerar a las células de los cárteles que operan en la entidad? ¿Por qué cerrar los ojos ante el crecimiento de la incidencia delictiva y a la presencia de esos grupos delincuenciales que se están disputando la plaza?
Es inútil preguntar si ya tienen pistas del o los autores de la matanza de los cuatro campesinos en Calakmul. O si ya hay indicios de quiénes estuvieron detrás de las tres ejecuciones en la capital, porque en la Fiscalía no hallan a los culpables ni aunque los tengan en frente. Presume el fiscal que ya está detenido el autor material de los disparos, pero no ha dado más detalles. ¿Lo estarán torturando para que declare que fue enviado a generar violencia por alguno de los enemigos de la gobernadora?
Mientras tanto, la cifra de ejecutados sigue creciendo a pasos alarmantes en la entidad, pero el número de detenidos a consecuencia de esos hechos de violencia sigue siendo ínfimo. El dato más optimista señala que solamente el 5 por ciento de los homicidios dolosos se han aclarado, pero la realidad parece ser otra. Porque aparejado con el aumento de la incidencia delictiva, crece también la impunidad y esto es lo más peligroso.
No deja de ser lamentable que a nivel nacional se siga hablando de Campeche solo para situaciones negativas. Cuando no es un escándalo de la gobernadora Sansores por sus cotidianos dislates, se habla de nosotros por los abusos de autoridad, por la persecución a los periodistas y adversarios políticos o por alguna tragedia como el derrame de hidrocarburos que ha dañado los ecosistemas y a los pescadores.
Se ha querido ocultar a como dé lugar el auge de la violencia en Campeche, y la narrativa ha sido encaminada a destacar que seguimos entre las cinco entidades más seguras, pero esa máscara se cayó el pasado viernes 8 de mayo con las diez ejecuciones registradas en tres municipios campechanos. Y para colmo, una embarcación proveedora de las plataformas petroleras en la Sonda, sufrió el ataque y asalto de un grupo armado. Fue un día negro. Sangriento.
Pero también fue un día revelador porque se despojó del maquillaje de que estaba revestida la política de seguridad de nuestro Estado. Ya nos mostró su verdadero rostro, y ya sabemos que cada día estamos peor y que las cosas no van a cambiar para bien mientras se mantenga en su puesto a la funcionaria más inepta del gabinete, que es la señora Marcela Muñoz Martínez.
