Codhecam maniatada
En dos años, ese organismo ha guardado silencio cómplice, y con su inacción ha impedido que los 400 elementos afectados reciban justicia.
Hace dos años, un grupo de policías estatales, entre ellos al menos 40 ’mujeres valientes’ fueron enviadas a un operativo en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, con los saldos que ya todos conocemos. Estrategia fallida, equipos de protección defectuosos, nula información sobre los riesgos a que se enfrentarían y un saldo negativo para la fuerza pública, en especial para las mujeres policías.
Derivado de ese operativo fallido inició un histórico movimiento de protesta en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Más del 90 por ciento de los elementos se sublevó y se unió alrededor de la exigencia de que se destituya a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz junto con sus mandos directivos.
Pese a 104 días de protesta en que miles y miles de campechanos se solidarizaron con el movimiento policiaco, el resultado fue infructuoso: Marcela se mantuvo en el cargo, y por lo menos 400 elementos fueron cesados de manera arbitraria, sin el debido proceso, sin su derecho legítimo a la defensa, y sin las liquidaciones que por ley les correspondían.
Los echaron literalmente a la calle y fueron estigmatizados para que no pudieran encontrar trabajo en ninguna corporación policiaca, ni tampoco en las fuerzas de seguridad privadas.
Los policías afectados recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), y demostraron en todos los casos que hubo abusos y que sufrieron tratos injustos. Algunos han recibido fallos judiciales a su favor, y otros siguen esperando el paso lento de la justicia.
Pero la Codhecam nada hizo por ellos. En dos años, ese organismo ha guardado silencio cómplice, y con su inacción ha impedido que los 400 elementos afectados reciban justicia.
No es necesario preguntarnos el porqué de la inmovilidad de la Codhecam. Su entreguismo hacia el Gobierno del Estado ha sido más que evidente, ni una recomendación, ni una observación por las irregularidades cometidas, ninguna medida cautelar a favor de las víctimas.
Dos años después de esos sucesos, y con esos años de silencio cómplice por parte de la presidenta de la Codhecam, Ligia Rodríguez Mejía, la conclusión lógica es que los ciudadanos campechanos se encuentran en la total indefensión cuando enfrenten abusos y violaciones a sus derechos humanos.
Ya debió haber renunciado al cargo Ligia Rodríguez Mejía. Por dignidad, por vergüenza o por honestidad. Pero no, allá sigue con su cargo burocrático, evidenciando que en Campeche las instituciones no protegen al ciudadano, sino que encubren y protegen al Gobierno.
