Robo a pescadores
Están “bailando” más de 400 millones de pesos que se canalizaron al sector pesquero ribereño de Campeche y que la gobernadora Sansores prefirió destinar a su parque vehicular…
La Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas del Estado de Campeche presentó denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la gobernadora Layda Sansores y su secretario de Finanzas Jezrael Larracilla Pérez por el desvío de más de 400 millones de pesos en apoyos que se debieron canalizar al sector pesquero, pero que fueron desviados a otros fines.
Se trata del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) que aporta Petróleos Mexicanos (Pemex) y que constituye el esquema institucional de responsabilidad social corporativa para resarcir daños, mitigar los impactos de la industria petrolera e impulsar el bienestar sostenible de las regiones operativas.
La denuncia explica que Pemex no entrega combustible directamente a cada pescador. Realiza donaciones masivas en especie (millones de litros de gasolina Magna y diésel) directamente al Gobierno del Estado de Campeche.
Se habla de 31 millones 857 mil 366 litros de gasolina, 13 millones 240 mil litros de diésel regular y 30 mil 300 toneladas de asfalto entregados por Pemex entre 2023 y 2025, además de donativos adicionales en motores y refacciones por 23 millones de pesos anuales.
En las bitácoras y contratos de Pemex, el recurso se etiqueta bajo el concepto genérico de “Para servicios públicos, seguridad, protección civil y apoyo a sectores productivos” pero aunque Pemex dona la gasolina Magna pensada para motores fuera de borda, el gobierno estatal la absorbe prioritariamente para el parque vehicular de sus dependencias (patrullas, maquinaria y transporte oficial), dejando al sector ribereño sin asignaciones físicas de combustible.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado que el gobierno local no cuenta con bitácoras ni facturas que comprueben la entrega final de esa gasolina a las cooperativas pesqueras del Estado de Campeche. El monto autorizado fue de más de 404 millones de pesos en el primer semestre de 2025.
Su destino oficial no se fue al mar, sino a las necesidades del Gobierno de la señora Sansores: Asfalto para obras de bacheo, reencarpetado y construcción de vialidades.
La ASF ya documentó que estos recursos carecen de trazabilidad y se desviaron hacia el parque vehicular oficial y obras públicas. Los pescadores de altura sí recibieron su diésel marino con trazabilidad estricta, alrededor de 1 millón de litros anuales distribuidos a alrededor de 73 barcos camaroneros, con bitácoras y certificados auditables.
De lo demás no se sabe nada. Los pescadores exigen que se finquen responsabilidades administrativas y penales contra la gobernadora Sansores y su tesorero, Jezrael Larracilla Pérez.
Es un tema muy serio y muy grave al que le daremos puntual seguimiento.
