OPINIÓN: EXPROPIACIÓN EXPRÉS: LA NUEVA ARMA DE CONTROL POLÍTICO EN CAMPECHE
Por: Guillermo del Jesús Padilla Sierra
En Campeche, gobernado por Layda Sansores, lo que se presentó como una reforma a la Ley de Expropiación para “modernizar” procesos, en realidad abre la puerta a uno de los más graves retrocesos en materia de derechos ciudadanos. Se trata de un instrumento legal que, en manos del poder político, deja indefenso al ciudadano común y le otorga al gobierno un poder casi absoluto sobre la propiedad privada.
La esencia del problema está en los plazos, en la arbitrariedad y en la trampa disfrazada de utilidad pública. Se reduce el tiempo de defensa del propietario a unos cuantos días hábiles, lo cual hace prácticamente imposible organizar una estrategia legal real. Peor aún, la ley permite la ocupación inmediata de un bien apenas se declara la expropiación, aunque todavía no haya resolución definitiva. Es decir, primero te quitan tu propiedad y después, si puedes, reclama.
Pero lo peligroso es el uso político de esta reforma. Con un marco legal tan laxo, cualquier adversario incómodo puede convertirse en “beneficiario” de una expropiación exprés. No hace falta mucha imaginación: un enemigo del régimen, un empresario crítico, un político opositor… todos quedan expuestos al capricho del poder. La ley no se convierte en un instrumento de desarrollo, sino en un mecanismo de revancha.
Campeche corre el riesgo de convertirse en un laboratorio de autoritarismo. Una tierra donde la propiedad privada deja de ser un derecho y se transforma en una concesión condicionada a la docilidad con el gobierno en turno. Hoy parece que será el exgobernador Alejandro Moreno, quien inaugure la ley de expropiación pero mañana puede ser cualquier ciudadano que sea adversario del sistema morenista.
Expropiar por utilidad pública es una facultad legítima del Estado, nadie lo discute. Lo inaceptable es que se perviertan sus fines para ajustar cuentas políticas y despojar con sello oficial. En vez de fortalecer el Estado de derecho, esta ley lo erosiona. En lugar de dar certeza, siembra miedo.
El mensaje es claro: en Campeche, la propiedad privada ya no es garantía. Es un botín que el gobierno puede tomar cuando quiera, como quiera y contra quien quiera. Esa no es justicia social, es simple abuso de poder. Y mientras se mantenga esta legislación, los campechanos vivirán con la sombra de que su patrimonio puede desaparecer de un plumazo, no por el bien común, sino por el capricho político de unos cuantos.
