Layda no podría ocupar cargos si se aprueba la ley 3 de 3
Servidores públicos del Gobierno del Estado, la misma gobernadora Layda Sansores San Román, ex candidatos, dirigentes partidistas y diputados locales, estarían en la “lista negra” como impedidos para ser candidatos a algún cargo de elección popular, con base a la iniciativa de reforma “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres”.
En el Congreso Local pretenden aprobar de manera desfasada esta iniciativa para que agresores sexuales, deudores alimentarios y quienes hayan incurrido en violencia política en razón de género no sean postulados como candidatos.
Por violencia política en razón de género podría estar fuera de la posibilidad de ser postulado como candidato para un cargo de elección popular o ser nombrado como servidor público en la administración pública estatal, Eliseo “N” ex candidato de Movimiento Ciudadano quien fue denunciado por la gobernadora Layda Sansores San Román.
También estaría imposibilitado el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, acusado por las diputadas de su propio partido y la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre.
Otro sería el actual director la Fundación Pablo García, Carlos Ucán Yam, quien fue denunciado por la actual titular de la Secretaría de Inclusión, Patricia León López, cuando fungía como secretaria General en funciones de presidenta del partido morena.
También la propia gobernadora Elena Sansores San Román estaría imposibilitada, por la queja interpuesta en su contra por diputadas federales del PRI, cuando amenazó con difundir fotografías sexuales de ella.
El subsecretario de Gobierno, Arturo Aguilar Ramírez, también fue denunciado por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, luego de circular una grabación donde ordena golpear a la edil en medios a modo a cambio de pagos, así que tampoco podría competir ni ocupar cargos.
Esta iniciativa también pide “No estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias”, caso que aplica para el subsecretario de Gobierno de Carmen, Daniel López Lanz, acusado por su esposa como desobligado en la manutención de sus hijos, y contra quienes estaría ejerciendo violencia económica.
El director del Instituto de Estudios Superiores de Champotón Bismarck Richaud Coral, ha sido señalado como un presgunto agresor de su pareja, aunque el caso se ha mantenido hermético por protección del fiscal Renato Sales Heredia.
En el caso de la incorporación del artículo 21 a la Constitución Política del Estado, con lo que se busca suspender el ejercicio de los derechos políticos electorales a las personas prófugas de la justicia, y a quienes enfrenten un proceso penal, aplica otra vez para el ex candidato perdedor a la gubernatura de Movimiento Ciudadano Eliseo N y para el diputado local y ex alcalde sustituto Paul “N”.
Sin embargo, la propuesta de reforma “3 de 3 contra la violencia hacia la mujeres” promovido por Morena, fue presentada de manera desfasada y aunque sea aprobada en este proceso ordinario de sesiones del Congreso Local, no podría aplicarse en el proceso electoral que inicia el próximo mes de diciembre.
No obstante, el Instituto Electoral del Estado si emitió emitió un acuerdo denominado “Lineamientos para que los partidos políticos Prevengan, Atiendan y Erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género en el Estado de Campeche”, que deberán acatar los partidos políticos para las personas aspirantes a una candidatura, presenten la constancia que expida el Poder Judicial, en la cual se acredite la existencia o inexistencia de una sentencia ejecutoria en algunos de los supuestos de violencia de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
