EXPEDIENTE | PISOTEAN DERECHOS HUMANOS EN CAMPECHE
En su calidad de presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía organizó en Campeche la semana pasada, el Congreso Nacional “La Defensa de los Derechos Humanos: Retos y Desafíos de las Instituciones de Protección en la Ruta por la Justicia Social”.
Entre los invitados especiales estuvieron Ricardo Neves, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, quien ya había estado antes en Campeche por temas ambientales, y el maestro. Bernardo Serrano, consultor de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De entrada hay que decir que mediáticamente, este Congreso se desarrolló casi de manera clandestina. No hubo invitación a los medios de información para que estuvieran presentes en las conferencias magistrales, en los foros, o en las reuniones para entrevistar o dialogar con tan conspicuos personajes.
La razón de este semi clandestino Congreso “de derechos humanos”, es muy fácil de explicar: ni Ligia Nicte Há Rodríguez Mejía ni la gobernadora Sansores querían que los campechanos, a quienes han pisoteado sus garantías individuales, llevaran sus expedientes para la revisión de los expertos, porque entonces ambas se iban a evidenciar como las principales agresoras de esos mismos derechos que con tanta pasión defienden en sus discursos.
La lista de agravios de la gobernadora Sansores en contra de los campechanos es larga y abundante. Quizá el caso más escandaloso es el despido arbitrario de más de 300 policías que exigieron con valentía el respeto a sus derechos, y el castigo a la negligencia de sus superiores.
No solamente no tuvieron respuesta de la gobernadora, sino que los boletinaron para no ser contratados en otras empresas de seguridad, pero nunca fundamentaron jurídicamente las razones de esa sanción.
Y para colmo, a dos años y cinco meses de que se violentaron los derechos humanos de esos valientes elementos policiacos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), que preside nada más y nada menos que Ligia Rodríguez Mejía, la convocante y anfitriona del evento, no ha emitido ninguna resolución a los cientos de quejas que presentaron los agraviados.
Con este antecedente, ¿tiene calidad moral Ligia Rodríguez para hablar de respeto a los derechos humanos ante expertos de talla internacional? Claro que no.
Lo que no tiene es vergüenza.
Pero por si no bastara ese caso, están igualmente los ataques contra periodistas y contra la libertad de expresión en que ha incurrido la autoritaria gobernadora Layda Sansores, y en donde tampoco ha dicho alguna palabra la “ombudsman” campechana, Ligia Rodríguez Mejía.
Son varios los colegas periodistas que han sufrido la represión y el hostigamiento judicial de la gobernadora Sansores, pero destaca el caso de Jorge Luis González Valdez, exdirector de TRIBUNA, a quien una jueza ordenó que no ejerciera el periodismo durante dos años, mismo lapso en que el medio en que laboraba el comunicador debería permanecer cerrado.
¿Hubo algún pronunciamiento de Rodríguez Mejía o de la Codhecam ante ese aberrante caso de censura? Ninguno. Tuvieron que revisar el caso los magistrados federales, para confirmar que tal sanción es a todas luces improcedente.
¿Qué dijo Rodríguez Mejía y la Codhecam ante el caso del exrector José Abud Flores? Silencio absoluto. Convalidó su detención arbitraria, su cese injustificado e ilegal, y el nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado como sucesora. Ah, por cierto, la espuria rectora prestó sus instalaciones para la realización de ese “Congreso” farsante y en agradecimiento, la lucieron en el presidium.
Nada han dicho o hecho la Codhecam, Rodríguez Mejía y sus congresistas, sobre el caso de la presa política Yahari Itxel Brito Brito, de 25 años de edad, quien se encuentra en la cárcel acusada sin prueba alguna de homicidio calificado en grado de tentativa contra policías, motín y daños en propiedad ajena. Yahari enfrenta embarazo de alto riesgo de seis meses sin recibir la atención médica ni los medicamentos adecuados.
¿Le ha importado eso a estos flamantes defensores de los derechos humanos? No. Para nada.
Por esas y otras razones, Rodríguez Mejía y la gobernadora decidieron esconder su Congreso de Derechos Humanos. Evitaron que los agraviados expongan su caso, y con absoluto cinismo se ostentaron y se siguen ostentando como defensoras de estas garantías individuales. Sinvergüenzas es lo que son.
