Opinión

CONTRAREFORMA JUDICIAL

Resulta incongruente que la presidenta Shjenbaum solicite a nivel federal postergar la elección del Poder Judicial, y que en Campeche se camine a la inversa.

Los promotores de la reforma judicial campechana, para empatar la elección de jueces y magistrados con las elecciones locales de 2027, se encuentran en una crucial disyuntiva: o respaldan la propuesta de la presidenta Sheinbaum para que ese proceso se desarrolle en 2028, o se aferran a su obsesión de apropiarse del Poder Judicial del Estado de Campeche, para cuidarse las espaldas.

En términos pragmáticos, lo más probable es que la gobernadora Sansores y su defensor de oficio Pedro Alcudia, se enterquen en lograr su objetivo. No pueden permitir que el control de la elección de los jueces y magistrados se les salga de las manos, ya que es, literalmente, un asunto de vida o muerte.

Pero en el ámbito estrictamente jurídico, hay que decir que la solución al dilema está en manos de los diputados. Ya se entregó la iniciativa, ya se le dio primera lectura, y se supone que las comisiones legislativas están divagando sobre la conveniencia de empatar la elección judicial con la de alcaldes, diputados y sobre todo la de gobernador.

Tratándose de un asunto de trascendencia transexenal, deberían los diputados de actuar con alteza de miras, y no poner su granito de arena para que la gobernadora Sansores pueda imponer a sus jueces y magistrados a la próxima Administración.

Aún no sabemos quién ganará la elección, pero cada vez se aleja más la posibilidad de que sean los morenistas los que ratifiquen su permanencia en la gubernatura. Ni las encuestas cuchareadas convencen a los propios operadores del partido oficial que tienen la victoria segura, sobre todo ante los cada vez más recurrentes torpezas en que incurre la gobernadora Sansores.

Por otro lado se entiende que la propia decisión de la mandataria y de su asesor jurídico en funciones de presidente del Poder Judicial, para que la elección se realice de una vez, reafirma que sus propios números les advierten que van a perder la elección y por eso le surge mantener secuestrado a por lo menos uno de los poderes del Estado.

Por eso será una decisión trascendental para los diputados de todos los partidos, pero sobre todo para los de Morena. La mitad de esa bancada aún no se logra reconciliar del todo con la gobernadora y con los líderes del partido, y les siguen haciendo desaires por donde sea que se paran.

En ese sentido, parece que no existe ningún compromiso con ellos, de suerte que ellos también deberían sentir lo mismo: no hay ningún compromiso ni con el partido ni con la gobernadora, de modo que son libres de optar por lo que más le conviene a Campeche y a los campechanos.

Un segundo factor va ser la intervención presidencial. Resulta incongruente que la presidenta Sheinbaum solicite a nivel federal postergar esa elección, y que en Campeche se camine a la inversa.

¿Van a prevalecer los intereses de la señora Layda Sansores por los de la propia presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo resolverán este dilema los diputados locales de Morena? Ese es el quid.

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