EXPEDIENTE | MALAS CUENTAS EN LOS GOBIERNOS DE LA 4T

La mayoría oficialista en el Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los 13 municipios correspondientes a 2024, en que se detectaron desvíos y malos manejos por un monto global de 393 millones 600 mil pesos, de los que 260 millones 742 mil 814.87 pesos corresponden a las dependencias estatales y 132 millones 875 mil 492.5 pesos a los ayuntamientos.

Hay que precisar que se trata de procesos de fiscalización light que efectuó la Auditoria Superior del Estado de Campeche (Asecam), organismo que depende totalmente del Poder Legislativo, controlado por la mayoría morenista, y que por tanto, no tocaron los números correspondientes a la gobernadora Layda Sansores San Román.

La oficina de la gobernadora Layda Sansores dispuso en 2024 de un presupuesto de 189 millones 749 mil 318 pesos que no fueron auditados; nadie sabe en qué se gastó ese multimillonario presupuesto.

También le asignaron a su oficina 480 millones 189 mil pesos para “ayuda social” que maneja arbitrariamente y a capricho la señora Esperancita Pérez Vásquez, secretaria particular de la mandataria.

Si sumamos ambos rubros, podemos preguntar: ¿Qué hizo en 2024 la gobernadora con un monto superior a los 670 millones de pesos?

Nadie lo sabe ni lo sabrá porque ese recurso no fue fiscalizado. No se ha revisado si efectivamente la “ayuda social” se tradujo en bienestar para las familias que la solicitaron, aunque hay versiones de que “doña Esperancita”, quien actualmente amplía su vivienda a paso veloz, tiene manga ancha en la disposición del efectivo y acostumbra recolectar credenciales del INE para “justificar” cuantiosas erogaciones que nunca llegan a sus presuntos beneficiarios.

Tampoco a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, le fiscalizaron su presupuesto, pese a que durante 2024, dispuso de al menos mil 986 millones de pesos de la partida estatal, más una cantidad similar de aportaciones federales para reforzar las acciones de seguridad pública. ¿Ha mejorado la situación de esta institución? ¿Hay más patrullas? ¿Más equipos? ¿Mejores instalaciones? No se ve, ni parece. Eso sí, ha multiplicado su patrimonio familiar.

Son responsables los diputados oficialistas de esta falta de transparencia y de verdadera revisión de cuentas. Por eso es que los grupos parlamentarios de la oposición se negaron a validar los informes técnicos de las cuentas públicas que les envió la Asecam.

Saben que se hizo una fiscalización selectiva y a modo, para no tocar los intereses de la gobernadora y de sus incondicionales, como Walther Patrón, cuyo presupuesto de 2024 ascendió a 49 millones 219 mil pesos, y no se le molestó con el pétalo de una auditoría, pese a que esa es la dependencia que da la cara para los gastos onerosos de la gobernadora en conciertos y festivales, rubros que no corresponden oficialmente a Comunicación Social.

Por eso es correcto que los diputados de oposición se hayan negado a validar las cuentas públicas. No se puede aprobar un trabajo mal hecho, deficiente y selectivo.

Lo curioso es que, a pesar de este pésimo trabajo de fiscalización, los auditores encontraron anomalías por falta de documentación comprobatoria y justificativa, pagos indebidos o en exceso, deficiencias en obra pública, incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y a la normatividad contable, así como deficiencias en los procedimientos de adquisiciones y arrendamientos.

Entre las dependencias con mayores montos observados se encuentran el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (Icatcam), con 86 millones 427 mil 287 pesos; el Hospital Dr. Manuel Campos, con 52 millones 286 mil 719 pesos; El Instituto Descentralizado de Salud (Indesalud) por 29 millones 442 mil; la Secretaría de Obras Públicas con 25 millones 322 mil 654; la Fundación Pablo García, con 21 millones 386 mil 734 y el Issstecam con 19 millones 972 mil pesos.

¿Ya se fincó responsabilidades a los responsables de esos desvíos? ¿Ya repusieron los dineros desviados? ¿Se ha dado de baja a alguno de los que se despacharon con la cuchara grande y que ahora se dan vida de nuevos ricos?

Para nada.

Por eso es que la Asecam se ha convertido en una institución de pantalla, que encubre los desvíos de recursos públicos y los malos manejos de este Gobierno de la 4T que no ha resultados y que no hace obras públicas, pero que se especializa en malversar el presupuesto para su peculio personal.

Pese a todo lo anterior, debe darse seguimiento a estas auditorías y exigir todo el peso de la ley a los servidores públicos que traicionaron sus ideales de no mentir, no robar y no traicionar. Son muchos. Seguramente la Asecam tendrá los nombres de cada uno de ellos, y esperamos que los diputados se interesen en llegar hasta las últimas consecuencias.