RECHAZA AMÉNDOLA ACUSACIONES DE VPG Y RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DE CAMPECHE POR SU SEGURIDAD
Víctor Alberto Améndola Avilés responsabilizó de manera directa al Gobierno del Estado de Campeche y, de forma particular, a la titular del Ejecutivo estatal, de su seguridad personal y la de su familia, tras los señalamientos y contenidos difundidos en su contra en redes sociales.
En un posicionamiento dirigido a la opinión pública, Améndola rechazó las acusaciones de presunta violencia y de Violencia Política en Razón de Género, y negó ser “violentador” o “agresor”. Afirmó que dichos señalamientos han sido difundidos mediante videos y publicaciones desde cuentas personales y páginas que vinculó con el gobierno estatal y con fuentes anónimas, las cuales —sostuvo— incluyen mensajes de odio y llamados a agredirlo físicamente.
Indicó que el juicio al que hace referencia la persona que lo acusa se encuentra vigente en la vía electoral desde septiembre de 2025 y que existen dos resoluciones jurídicas emitidas por la autoridad competente, ambas a su favor.
Añadió que también existe una carpeta de investigación iniciada en agosto de 2025, aunque aseguró no haber sido notificado formalmente para comparecer, salvo en una propuesta de conciliación que rechazó.
De acuerdo con su versión, las resoluciones emitidas han sido favorables tanto en forma como en fondo, al no acreditarse ninguna de las causales que configuran la Violencia Política en Razón de Género. Señaló que entregó conversaciones completas de mensajería instantánea, certificadas y respaldadas ante notario público.
Améndola negó cualquier tipo de violencia física y sostuvo que el caso se limita a intercambios por WhatsApp, los cuales —según resoluciones del organismo electoral— tienen un valor probatorio limitado si no se acompañan de otras pruebas. También rechazó vínculos de paternidad con la hija de la demandante, aunque reconoció haber otorgado apoyos económicos voluntarios, de los que dijo contar con comprobantes.
Finalmente, afirmó que se defenderá de lo que calificó como una campaña de desprestigio y advirtió que cuenta con pruebas documentales, audios y mensajes que podrían hacerse públicos una vez que se emita la resolución definitiva, al tiempo que reiteró su señalamiento de responsabilidad al Gobierno del Estado y a la titular del Ejecutivo estatal por cualquier riesgo a su integridad y la de su familia.
