EXPEDIENTE | CONTRADICCIONES LAYDISTAS SOBRE LA CENSURA PREVIA

En su programa del pasado martes, la gobernadora Layda Sansores, volvió a incurrir en ofensas personales contra el periodista Jorge Luis González Valdez, a quien llamó “Don Piraña” y lo acusó de ser misógino, mentiroso, difamador, destructor de familias, etcétera.

Y aunque pareciera que Sansores San Román en realidad se estaba describiendo a sí misma, pues los tribunales federales la inscribieron en el registro de personas violentadoras de género, por recurrir con frecuencia a las mentiras para justificar el fracaso de su Gobierno, porque difama y ofende a sus adversarios, y porque destruyó al menos 350 familias de igual número de policías, hombres y mujeres, a quienes despidió injustamente, pues no. La realidad es que la mandataria no hablaba de sí misma.

Ella intentaba justificar la censura previa que a petición suya los jueces y magistrados estatales han impuesto contra el periodista Jorge Luis González Valdez, a quien de manera expresa le mantuvieron la prohibición de referirse a ella, de mencionar su nombre y de cuestionarla.

Según Sansores San Román, esa censura está plenamente justificada porque “no daba contenido ni información alguna, era una cadena de insultos, de misoginia, y entonces dice uno ¿por qué tienes que aceptarlo y permitir que otras mujeres digan, como que esto es lo natural si la gobernadora lo aguanta? ¡Pues no! Y ahí se espantó porque no están acostumbrados, se creían los dioses sagrados: ofendían, inventaban, a cuantas familias destruyeron y lastimaron en este Campeche, que no pierdan la memoria desde el famoso expediente”.

Eso dijo la gobernadora al referirse a la persecución y acoso judicial que mantiene desde hace tres años contra el periodista Jorge González Valdez, contra TRIBUNA y contra Telemar, como parte de su campaña de odio y desprestigio que sigue con total impunidad.

Pero cuando se trata de ella, a quien los juzgados federales también le prohibieron durante un tiempo referirse a Alito Moreno, su posición es diametralmente opuesta. Porque entonces, despotrica contra la censura previa y cuestiona: “¡Es que era una aberración! La libertad de expresión ¿dónde está?”

–¡Entonces ya puedo hablar de Alito! —festejó con exceso de histrionismo— Tenía prohibido hablar de Alito, que no mencionara su nombre porque era bendito, ¿cómo va ser esto? Me da muchísimo gusto que se haya ganado el amparo…”

Continuó su alocución sobre la censura previa: “Me están censurando antes de hablar porque, qué tal si digo, entonces no puedo hablar. Es una aberración, es eliminar la censura previa, creo que eso lo merecíamos, para que ya te sientas en libertad…”

Para rematar, su acomplejado patiño Juan Manuel Herrera coronó la hipócrita disertación sobre su gran hazaña de haber logrado la eliminación de la censura previa:
— “Y al final se insistió en que al ser el un actor público, que además hacia uso de recursos públicos por las prerrogativas del PRI y entonces también es del escrutinio público…”

— ¡Claro! –concedió la mandataria– pero no podías hablar de él, pero qué bueno que esto ya quedo claro…”
Y este es el punto central del doble discurso de la gobernadora. Por un lado, cuando la afecta, la censura previa se debe retirar porque “es una aberración”, pero cuando la beneficia y la encubre, entonces es una bendición que debe mantenerse.
Es una muestra más de la doble moral, de la hipocresía y de la farsantería de la gobernadora, pues, como bien la apuñaló su compadre Juan Herrera, ella también maneja recursos públicos, ella también es figura pública, y ella también debe ser sometida al escrutinio público.

Y si esto es así ¿entonces por qué seguirle ordenando a sus jueces y magistrados estatales que mantengan la censura previa? No hay congruencia.