OTRO ABUSO DE PODER
Desde la misma tribuna desde donde ha insultado a diputadas federales, ha ofendido en reiteradas ocasiones a la alcaldesa Biby Rabelo, ha despotricado contra la periodista Fátima Monterrosa, de Televisa, y más recientemente, condenó, difamó y exhibió públicamente a la actual presidenta del DIF Municipal, Martha Camacho, ha calumniado a las mamás y a las suegras, la gobernadora Layda Sansores se declara víctima de misoginia.
Y para colmo, una vez más, la gobernadora de Campeche incurre en abuso de autoridad, al difundir públicamente los videos tomados de las bodycams de los policías que detuvieron arbitrariamente y golpearon salvajemente al periodista Jorge Luis González Valdez el pasado 9 de abril.
No solo eso, además de la saña mostrada por la gobernadora al referirse al periodista como “extorsionador”, sus maquiavélicos asesores se aventaron la puntada de utilizar aplicaciones de inteligencia artificial para manipular los audios en un burdo intento de mostrar al agredido como agresor, al violentado como violentador y a la víctima como victimario.
Bien dicen que cuando les falta argumentos, lo más fácil es recurrir a la calumnia.
Pero son cuestiones secundarias. Lo verdaderamente sustancial es el abuso de poder de la gobernadora Sansores para utilizar los recursos tecnológicos, los equipos y el personal a su disposición, para atacar a sus enemigos.
Y con el mismo cinismo y el mismo abuso de poder, la propia gobernadora decidió esconder bajo siete llaves los videos y audios de las bodycams de los policías que acudieron al penal de San Francisco Kobén aquella noche fatídica de mediados de marzo de 2024. ¿Por qué los ocultó? Por una razón sencilla, pero al mismo tiempo trascendente: para proteger, encubrir, solapar y cobijar a su querida Marcela, y evitar que las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos tuvieran suficientes evidencias de su ineptitud y negligencia.
Hay que entender que del tamaño de la reacción, es el tamaño también del coraje y frustración que sufren, al percatarse de que, a pesar de todas sus triquiñuelas y de los absurdos fallos judiciales, y de las presiones a los medios locales para que no se refieran al tema, y de tantas y tantas chicanadas más, la gobernadora y sus asesores siguen perdiendo la batalla en esta lucha por la libertad de expresión.
Cada vez son más los periodistas de prosapia y de credibilidad probada, las instituciones de la sociedad civil, las agrupaciones de periodistas nacionales e internacionales, y diferentes segmentos de la comunidad los que se solidarizan y respaldan al periodista y a Tribuna. Y cada vez son menos los que les siguen el juego perverso a la mandataria y a sus ineptos asesores. Perder duele, y ellos saben que tienen la batalla perdida, pero insisten en sus pataleos postreros.
