Mientras Campeche enfrenta carencias históricas en salud, seguridad y servicios básicos, la semana pasada el Congreso del Estado aprobó lo que muchos ya llaman el gran regalo para la familia Sansores: un endeudamiento por mil millones de pesos, pagaderos en veinte años. Una deuda que no pagarán quienes hoy gobiernan, sino las próximas generaciones de campechanos.

La autorización fue directa para el gobierno estatal, es decir, para la gobernadora Layda Sansores San Román. Y según versiones que circulan entre personas cercanas a la Casa de Gobierno, ese día no hubo preocupación ni prudencia financiera, sino celebración familiar. ¿La razón? Se trata de recursos que no son auditados por la Federación, lo que abre un margen amplio —demasiado amplio— para su manejo discrecional.

En este reparto anticipado, los supuestos ganadores ya tienen nombre y apellido. Uno de ellos sería Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, quien —según se comenta— ya alista, en coordinación con Víctor del Río, su socio, la lista de constructores que ejecutarán las “obras” financiadas con esta deuda. Planeación exprés para un dinero que aún no termina de aterrizar, pero que ya parece tener destinatarios.

Entre los proyectos destaca uno especialmente delicado: una obra en materia de seguridad por 40 millones de pesos, que sería ejercida con amplia discrecionalidad por la secretaria Marcela Muñoz. Y, como si se tratara de un guion repetido, entre los presuntos beneficiados aparece Arturo Bravo, su exesposo, quien lleva apenas tres años radicando en Campeche y ahora figura en el papel de constructor.

Todo esto, insistimos, no ha sido aclarado oficialmente. Pero cuando los rumores coinciden con decisiones políticas, redes familiares y opacidad presupuestal, la sospecha no es gratuita.

¿Quién pierde en esta historia? El pueblo de Campeche. Porque mientras una familia asegura su futuro financiero y político, el estado se hunde en una deuda que condicionará presupuestos, limitará inversiones reales y servirá como herencia envenenada para los próximos gobiernos.

Mil millones no son un trámite administrativo. Son escuelas que no se construyen, hospitales que no se equipan, calles que seguirán rotas. Pero eso sí, para algunos, representan la jubilación perfecta.

En Campeche, una vez más, la deuda no es solo financiera: es moral. Y la factura, como siempre, la paga la ciudadanía.