OPINIÓN: IMPUESTOS 4T
Por: Francisco Javier Vázquez Burgos
México está quebrado. Lo saquearon y lo mal administraron. Siete años fueron suficientes para que la mafia de la 4T dejara al país en ruinas, con consecuencias que se seguirán pagando por años: nuevos impuestos, salida de empresas, fuga de inversiones, caída del empleo, reducción del consumo y una pérdida de confianza en la estabilidad económica nacional. Las malas decisiones financieras y políticas están empujando a México a un colapso fiscal, y la deuda pública, que para 2026 equivaldrá al 52 por ciento del PIB, es la prueba de que las finanzas nacionales están enfermas y al borde de la insolvencia.
El primer responsable de esta debacle tiene nombre: Andrés Manuel López Obrador. El expresidente dilapidó el dinero de los mexicanos en obras faraónicas, costosas, inútiles e inservibles. Lo sabía. Nunca tuvo la intención de que esas inversiones generaran un beneficio real al pueblo. Su objetivo era otro: hacer negocio con los sobrecostos, beneficiar a su familia, amigos y contratistas cercanos. De ahí salieron multimillonarios.
LA CORRUPCIÓN NO FUE UN ACCIDENTE DEL SISTEMA, FUE EL SISTEMA MISMO.
Y entre los peores desatinos, destaca la conversión de doce plantas de gas a diésel ordenada por la CFE, lo que duplicó los costos de operación. Decisión absurda y contraria a la lógica energética, pues mientras el gas natural era más barato y menos contaminante, el diésel se importó caro de Estados Unidos. Un error —o un negocio— que hoy le cuesta a México más de 13 mil 500 millones de pesos adicionales al año, solo para mantener operando esas plantas que generan apenas el seis por ciento de la energía nacional.
El segundo eslabón de esta cadena de irresponsabilidad es Claudia Sheinbaum, la actual presidenta. Heredó un país endeudado y un presupuesto desbalanceado, pero en lugar de corregir el rumbo, decidió sostener y justificar las decisiones de su antecesor. Mantiene los proyectos fallidos, protege a los mismos operadores y, como si no bastara, continúa enviando recursos a causas que nada aportan al desarrollo nacional.
Por ejemplo, 16 mil millones de pesos en combustibles enviados a Cuba sin aclarar si fueron donaciones o créditos. Nadie explica, nadie rinde cuentas. Todo se maneja en la opacidad.
Para 2026, Sheinbaum planea gastar 10 billones 193 mil millones de pesos, pero con los impuestos apenas podrá recaudar 5.8 billones. Con deuda sumará otros 1.8 billones, y el resto —más de 2.5 billones— tendría que cubrirse con aportaciones petroleras y maniobras contables. Pero las cuentas no cuadran.
Antes, Pemex aportaba hasta el 40 por ciento del presupuesto federal. Luego cayó a 15 por ciento, y hoy ni siquiera se sabe con precisión cuánto aporta. Se estima que podría rondar el tres por ciento del PIB, es decir, 1.2 billones de pesos. Con todo y eso, el faltante ronda los 3 billones, dinero que sólo puede provenir de una fuente: más deuda.
Y esa deuda no es gratuita. Es el impuesto silencioso que todos pagamos con inflación, con recortes, con menos empleo y con más pobreza. Para colmo, el cálculo petrolero que sustenta el presupuesto es otra farsa. Dicen que Pemex producirá 1.8 millones de barriles diarios, cuando el año pasado apenas llegó a 1.6 millones. Prometen más, pero no pueden. La empresa cuesta más mantenerla que lo que genera, está sobreendeudada, ineficiente y plagada de corrupción sindical y política.
Y para cubrirse, el gobierno estimó el precio del barril en 54.9 dólares, cuando el mercado internacional ronda los 62. Así, si el precio cae, pierden; y si sube, se felicitan por su “prudencia”. Un presupuesto hecho sobre las rodillas, sin rigor técnico, con pura aritmética de ocurrencias.
La presidenta debería rediseñar con urgencia su política de gasto público, pero no lo hará. Será otro año perdido, sin crecimiento, sin inversión, con menos empleos y más miseria. Lo peor es que ya preparan nuevos impuestos, disfrazados de “ajustes responsables”. No lo son. Son medidas desesperadas que ahorcan al ciudadano y al empresario, mientras el gobierno sigue derrochando.
Aquí algunas medidas que sí podrían ayudar a corregir el rumbo sin destruir la economía:
Primero, auditar y reformar los programas sociales. Son populares entre los necesitados, convenientes para los flojos y rentables para los políticos. Pero la mayoría no ha dado resultados. El programa de jóvenes aprendices, por ejemplo, es una estafa a tres bandas: el funcionario se queda con una parte, la empresa con otra y el joven con el resto. El objetivo —formar empleo formal y capacitar talento— nunca se cumple. Peor aún: las empresas despiden trabajadores para operar con becarios, evadiendo cuotas del IMSS, SAR e Infonavit.
Lo mismo ocurre con Sembrando Vida, otro subsidio millonario con poca o nula productividad. Se reparte dinero, pero no se genera producción ni desarrollo sustentable. Los programas sociales se volvieron herramientas electorales, no políticas públicas.
SEGUNDO, UNA CIRUGÍA MAYOR A PEMEX Y CFE.
Pemex debe reducir su plantilla a la mitad, eliminar posiciones redundantes, acabar con el huachicol —que representa pérdidas anuales de hasta 300 mil millones de pesos— y concentrarse sólo en campos rentables. Lo no rentable que lo concesione o venda.
CFE, por su parte, necesita limpieza interna: contratos inflados, corrupción de alto nivel y compras amañadas. No más Segalmex, no más proveedores amigos de Palacio Nacional. Y que los hijos de López Obrador dejen de ser los nuevos contratistas del régimen.
TERCERO, AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA SIN SUBIR IMPUESTOS.
Formalizar al sector informal mediante una cuota fija baja podría ser una medida inteligente. Se calcula que el comercio informal aporta alrededor del 24 por ciento del PIB, unos 8.5 billones de pesos. Si apenas una cuarta parte de ese universo se formalizara, con una tasa simbólica del cinco al diez por ciento, el Estado podría captar entre 200 y 400 mil millones adicionales sin afectar a los contribuyentes cautivos.
Pero para lograrlo habría que construir confianza. Hoy el ciudadano piensa —con razón— que el gobierno se roba los recursos. Y mientras vea a los Bartlett, los López y los Sandoval enriqueciéndose, no habrá confianza ni cooperación fiscal.
CUARTO, MEJORAR EL MANEJO DE LA DEUDA Y REDUCIR EL GASTO CORRIENTE.
Un recorte del 1 o 2 por ciento en todas las dependencias podría generar más recursos que los nuevos impuestos que planea la presidenta. Pero claro, eso implicaría tocar privilegios, recortar asesores, choferes y viáticos, y en la 4T nadie quiere apretarse el cinturón. Prefieren sangrar al contribuyente antes que ajustar su propio gasto.
Y QUINTO, FOMENTAR EL EMPLEO Y LA INVERSIÓN.
El presupuesto 2026 no contempla un solo incentivo para el sector productivo. Ninguno. Ni un programa para la creación de empleo, ni un estímulo para la inversión, ni un proyecto que promueva el crecimiento regional. Nada.
LA 4T SÓLO PIENSA EN GASTO, NO EN GENERACIÓN DE RIQUEZA. Y ASÍ NO HAY ECONOMÍA QUE RESISTA.
Los nuevos impuestos que pretende imponer Sheinbaum apenas aportarían 0.7 por ciento adicional al PIB, pero el daño colateral será enorme: contracción del consumo, cierre de empresas, pérdida de empleos, menor recaudación, caída en aportaciones al IMSS, al Infonavit y a los fondos de ahorro. Bastaría con reducir en uno por ciento, como dicen especialistas del mundo, en todas las dependencias para obtener ese recurso que le proporcionará, según usted, los nuevos impuestos.
El efecto neto será negativo, pero a este gobierno parece no importarle.
Da la impresión de que su objetivo no es sostener la economía, sino debilitar al sector privado, someterlo, empobrecerlo, para que dependa del Estado y vote agradecido.
Presidenta, usted ve que nos llueve y no se tapa.
No escucha, no corrige, no reacciona. Si sigue obedeciendo las órdenes de López Obrador, si continúa este camino de gasto y deuda, México no sólo estará quebrado, estará hipotecado por generaciones.
La nación no aguanta más improvisaciones.
Y la paciencia del pueblo tampoco.
