OPINIÓN: EL “CONTROL DE DAÑOS” PARA 2027: LA SIMULACIÓN DE UN DESPIDO ANUNCIADO |Por Anthony Sansores
En la política no existen las coincidencias, sólo la oportunidad de disfrazar la factura del fracaso con el velo de la legalidad institucional.
Desde hace varios meses es un secreto a voces en los pasillos de la Cuarta Transformación local que Pablo Gutiérrez Lazarus exigió con carácter de urgente la salida de la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez y de todo su gabinete de mandos foráneos. La razón es matemática pura rumbo al 2027. El ex Edil del Carmen sabe perfectamente que sus aspiraciones para abanderar a Morena en la contienda por la gubernatura son totalmente inviables si continúa arrastrando el enorme lastre político e institucional que representa la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Ninguna candidatura resiste la mancha de la impunidad y la ineficiencia.
El plan de salida estaba pactado desde hace meses para ejecutarse en el marco del mes patrio, pero la soberbia de la cúpula policial foránea exige un cierre de telón con bombos y platillos. Fieles a su estilo de show mediático, trasciende que la titular de la SPSC no piensa retirarse en silencio; pretende hacerlo en medio de un “monumental” homenaje durante los festejos patrios del 16 de septiembre en el asta bandera del malecón. Para ello, ya preparan aparatosas coreografías, despliegues de uniformes nuevos y hasta la simulada “reentrega” de un parque vehicular que durante meses permaneció bajo resguardo e inactivo en los bajos de la Ciudad Segura.
Sin embargo, el verdadero nudo ciego era la narrativa política, ¿cómo justificar la destitución de una funcionaria a la que el Ejecutivo estatal defendió y ratificó con uñas y dientes frente a aquella marcha histórica de más de 20 mil campechanos que exigían su salida tras la crisis del Penal de San Francisco Kobén?
La respuesta estaba escondida en el cajón del burocratismo. Y la encargada de desatascar la salida fue Ligia Rodríguez Mejía, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche (CODHECAM). Tras guardar convenientemente por más de dos años la resolución final sobre aquel operativo fallido de marzo de 2024, el organismo de protección de garantías decide “liberar” intempestivamente el paquete de recomendaciones contra las autoridades involucradas, precisamente a escasos cinco días de la visita formal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) al estado.
La jugada maestra del guión oficial es utilizar la recomendación de la CODHECAM para forzar y “justificar” la salida de la “pandilla” foránea. Con este movimiento calculado no solo pretenden lavarle la cara y deslindar a Gutiérrez Lazarus para la ruta hacia 2027, sino intentar un desesperado “control de daños” en la debilitada imagen de Morena en Campeche.
Durante casi cinco años, la administración se enfocó en el show, la persecución política y la polémica estéril, relegando la seguridad integral y el bienestar del pueblo campechano. Hoy, pretenden vender un acto de justicia y ajuste institucional en el malecón, cuando en realidad solo presenciamos el último acto de una puesta en escena perfectamente calculada para la sobrevivencia electoral del grupo en el poder.
