LEY DESPOJO

Cunden los ejemplos de abuso de poder, arbitrariedades y excesos, por lo que no es exagerado alertar que está en riesgo el patrimonio de los campechanos ante esta nueva embestida del poder totalitario…

No ha tenido buena acogida la propuesta de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román que recién envió al Congreso del Estado, para reformar la Ley de Expropiación del Estado de Campeche, pues facilita la ejecución de despojos descarados en contra de los ciudadanos.

No ha sido el Gobierno de la señora Sansores un ejemplo de ecuanimidad ni de sentimiento de justicia, sino por el contrario, cunden los casos de abuso de poder, arbitrariedades y excesos, por lo que no es exagerado alertar que está en riesgo el patrimonio de los campechanos ante esta nueva embestida de un poder totalitario.

Ha sido práctica común de los gobiernos dictatoriales de la izquierda el despojo de bienes inmuebles bajo la excusa de supuesta “utilidad pública”. La construcción del Tren Maya dejó a su paso una estela de afectaciones a las propiedades de cientos de personas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que siguen sin resolverse, y sin la indemnización que marca la ley.

Bajo el pregón de combate a los terratenientes, muchos gobiernos de izquierda han ejecutado despojos descomunales a los pequeños o medianos propietarios. Predios que después son escriturados a nombre de gente leal al sistema o que se prestan a los tejemanejes del poder. Así se hizo de vastas propiedades el exgobernador Carlos Sansores Pérez.

Resulta contradictorio que el gobierno de la señora Sansores vaya a recurrir más adelante al discurso contra los terratenientes, para recurrir a la aplicación de esta nueva ley. Y es que dos de las familias que han  acumulado  más tierras al amparo de los negocios con el poder, son los de Rafael Castilla Azar, asesor de la gobernadora, y la propia familia Sansores. ¿Se expropiarán ellos mismos? Ni la risa.

Preocupa que la reforma  a la Ley de expropiaciones del Estado de Campeche recurra a la arbitrariedad como estrategia para hacerse de las propiedades. El artículo 44 señala que “se fijará el precio de la propiedad de acuerdo a la última transacción comercial, como primer criterio” es decir, no se tomará en cuenta el valor actual.

El 44 bis apunta que “será la Secretaría de Finanzas la que hará el avalúo o un valuador asignado por ellos” es decir, no se basarán en criterios profesionales sino a los que ellos les convenga y lo peor, la indemnización que se fije no se pagará en una sola exhibición sino a un plazo de 10 años.  ¿Por qué razones? No lo argumentan. Se entiende que es solo porque a ellos así les da la gana.

No habrá nadie que se interponga a la aprobación e implementación de esta nueva reforma. Cómoda para esta Administración, que tiene dos años para seguir haciendo de las suyas, que sabe que tiene bajo control  a la mayoría de los diputados locales, y que presume que cualquier apelación ante los tribunales federales ya está rechazada de antemano, pues los nuevos jueces y magistrados son leales a todas las arbitrariedades de los cuatroteros. Y al carajo el Estado de Derecho.