EXPEDIENTE | NEFASTA HERENCIA DE ALCUDIA: PERDERÍAMOS TERRITORIO

Obsesionado en meter a la cárcel a sus adversarios políticos, censurar a los periodistas y medios de información, y en promover reformas autoritarias y represivas como la Ley de Expropiación, el Gobierno de Layda Sansores, por culpa de su exconsejero jurídico Pedro Alcudia Vásquez, ha puesto en riesgo la integridad de nuestro territorio estatal.
No es invento nuestro, y aunque seguramente los defensores oficiosos de la mandataria tratarán de desacreditar al mensajero, el origen de esa versión es el consejero jurídico del Gobierno de Quintana Roo, Carlos Fuentes del Río, quien presumió que su entidad podría ganar el conflicto limítrofe por el territorio de Calakmul.

La razón que esgrime Fuentes del Río es que Campeche quedó fuera del litigio por no promover a tiempo la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta omisión, atribuible totalmente a Juan Pedro Alcudia Vásquez, nos ha puesto en peligro de que perdamos más de seis mil kilómetros cuadrados de nuestra geografía estatal.

Según Fuentes del Río, el expediente se encuentra en la etapa de cierre de instrucción, lo que significa que las partes involucradas, Quintana Roo y Yucatán, ya concluyeron sus alegatos. “Campeche ya quedó fuera porque no promovió oportunamente la controversia”, aseguró.

También reveló que el último acuerdo del caso fue emitido el 22 de septiembre de 2025, tras reasignarse el expediente a la ministra María Estela Ríos González luego del cese del ministro Jorge Mario Pardo Rebollado. Con este paso, el proceso entró en la recta final y solo resta la sentencia de la Suprema Corte, que podría dar certeza legal a la delimitación territorial en favor de Quintana Roo.

“Esta resolución implicaría que los más de seis mil kilómetros de la zona de Calakmul quedarían bajo jurisdicción del municipio de Othón P. Blanco, aunque aún resta un largo camino jurídico para formalizarlo. De concretarse, el cambio modificaría la distribución de recursos, la representación política y la administración de comunidades indígenas y rurales en la región” subrayó.

Ningún campechano que ame a su tierra desea que esta controversia nos resulte desfavorable, por eso es que ha causado indignación la negligencia y torpeza con que manejó este asunto el extitular de la Consejería Jurídica de la Gobernadora, Juan Pedro Alcudia Vásquez, a quien para colmo, se premió con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Su objetivo no es impartir justicia pronta y expedita a los ciudadanos campechanos, sino agilizar las decenas de demandas que ha presentado la gobernadora Layda Sansores —a través del propio Juan Pedrito— en contra de sus adversarios políticos.

Con toda seguridad los inútiles y lambiscones voceros de la gobernadora Sansores tratarán de desmentir esta noticia, o la van a desvirtuar y acusarán a quienes nos referimos al caso como mentirosos o propagadores de Fake News, porque eso es lo más sencillo, mas no la realidad. Ocultan la cabeza como los avestruces, y culpan a otros de sus torpezas.

Lo cierto es que la Consejería Jurídica de la Gobernadora Sansores no atendió con oportunidad ni eficiencia los añejos reclamos de los quintanarroenses para apoderarse de una superficie que históricamente se ha demostrado que no es suya.

La imbecilidad del “abogado” poblano Juan Pedro Alcudia ha arrojado a la basura y a la cañería, el esfuerzo de destacados y prominentes juristas campechanos como don Perfecto baranda Berrón, don Trinidad Lanz Cárdenas y don Álvaro Arceo Corcuera, quienes dedicaron gran parte de su tiempo, de sus conocimientos, de su experiencia y de sus relaciones políticas, para ponerla al servicio de los campechanos.

En cambio, Alcudia Vásquez puso a disposición de la Gobernadora la oficina de la Consejería Jurídica, que nos cuesta decenas de millones de pesos al año, exclusivamente para atender sus caprichos, obsesiones y ocurrencias. Sus enfermizos deseos de venganza se han traducido en numerosos expedientes penales y recursos jurídicos para “defenderla” de enemigos y ataques imaginarios.

Violencia política en razón de género, incitación al odio y la violencia, difamación, calumnias, violencia mediática y violencia política, misoginia y otros pretextos más, ocuparon la atención de Alcudia Vásquez y de los abogados a su servicio, mientras que en Quintana Roo, la Consejería Jurídica se concentraba en ganar la controversia constitucional y quedarse con los seis mil kilómetros cuadrados en disputa.

No es un asunto menor ni una vacilada de los quintanarroenses. Si ellos ya dieron el primer “golpe” jurídico y se adelantaron en este litigio que aún tardará en resolverse, es porque supieron elegir prioridades y atender lo que verdaderamente interesa al pueblo, en lugar de estar armando expedientes e inventando causas penales en contra de los enemigos políticos o críticos de la mandataria.

Pudiera ser que Layda Sansores prefiera ceder esos territorios que nunca visita porque están muy alejadas esas comunidades, hay mucho sol, demasiado calor, y la gente no se presta para las selfies que sube a sus redes sociales. En suma: le vale si se pierde o se gana. Qué vergüenza.