EL PODER LE TEME A LA VERDAD: ENRIQUE ARELLANO; “TELEMAR ES EL NUEVO BLANCO DE LA CENSURA GUBERNAMENTAL”
El activista y comunicador Enrique Arellano denunció que la censura se ha vuelto una práctica oficial en Campeche, y la prueba es el oficio emitido por la Fiscalía para intimidar, callar y forzar la autocensura a Telemar, medio que —como muchos otros— se ha atrevido a exhibir lo que incomoda al poder: corrupción, abusos y el crecimiento inexplicable de funcionarios y familiares cercanos al gobierno.
La publicación expone:
“Cuando el poder le teme a la verdad: Layda Sansores vs. la prensa libre. En Campeche, la censura ya no es solo una sospecha, es una práctica oficial. Ahora, el nuevo blanco del gobierno de Layda Sansores San Román es Telemar, medio local que, como muchos otros, se ha atrevido a exhibir lo que incomoda al poder: corrupción, abusos y el crecimiento inexplicable del patrimonio de funcionarios y familiares cercanos a la gobernadora”.
Esta vez, agrega, la herramienta no fue un ‘Martes del Jaguar’, sino un oficio con número y amenaza legal incluida: el 040/2025, emitido por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), encabezada por Jakson Villacís Rosado, fiscal de confianza de Layda. En él, se exige a Producciones Telemar, S. A. de C. V., que entregue los nombres de los responsables de sus notas digitales. Si no lo hacen en cinco días, les advierten de sanciones económicas y procesos legales.
Y continúa:
“La estrategia es clara: intimidar, callar, forzar la autocensura. Esta no es la primera vez. El mismo patrón se aplicó contra Tribuna de Campeche, medio que también ha recibido presiones legales por ejercer su derecho a informar y criticar. La diferencia es que ahora se está utilizando el aparato institucional del Estado para amedrentar a medios críticos, bajo el disfraz de ‘investigaciones ministeriales’. ¿El objetivo? Controlar la narrativa. Y blindarse ante los señalamientos que apuntan cada vez más alto dentro del Gobierno Estatal.
Sí, la FGECAM puede invocar artículos de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aplicar estas herramientas contra medios de comunicación que cumplen con su deber periodístico cruza la línea entre legalidad y abuso de poder. No hay otra forma de llamarlo: esto es censura disfrazada de procedimiento jurídico”.
Para finalizar, Enrique Arellano agrega:
“Hoy, organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos levantan la voz. Y no es para menos. Porque si lo logran con un medio como Telemar, ¿quién sigue? ¿Quién va a poder informar sin miedo? ¿Dónde quedará el artículo 6 de la Constitución, que protege la libertad de expresión en México? En Campeche, el gobierno estatal no busca transparencia. Busca silencio. Y ese es el verdadero peligro. Porque cuando un gobierno persigue a la prensa, no lo hace porque mienta. Lo hace porque dice la verdad”.
