A FUEGO LENTO | LEY “SAN LORENZO”
Por: Enrique Pastor Cruz Carranza
“La cobardía tiene sobre el valor una gran ventaja: la de encontrar siempre una excusa”: Albert Guinon –
En cualquier democracia que se presuma como forma de vida de un pueblo, una ley del calado impulsada por el Congreso del Estado de Campeche para disponer unilateralmente de la propiedad privada con “la Ley de Expropiación y demás limitaciones al derecho de propiedad”, convertida en la llamada “Ley Laboratorio de Campeche”, representa un escándalo local y una advertencia nacional del rumbo que toman los morenistas dentro de la narcodictadura política.
Con toda la mezquindad posible, y sin someterla a una elemental consulta ciudadana, los legisladores al servicio de arrebatos dictatoriales y con dolorosos antecedentes caciquiles, como ocurrió en el gobierno de Carlos Sansores Pérez, repiten prácticas de abuso de poder y el consentimiento de su protector, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.
En varios centros de opinión local, dentro de este solar campechano, se comentaba con temor y en voz baja la manera en que el gobernador obligaba a sus gobernados a “pasar a Tesorería del Estado” para cobrar la venta forzada de sus propiedades a precio de predial, siendo ícono de ello el despojo de los terrenos de playa en “San Lorenzo”, un monumento histórico de esas infamias caciquiles.
En mi experiencia laboral dentro de la desaparecida SRA fui testigo de la confrontación por el dominio de los despojos de terrenos nacionales, fundo legal y ejidales, donde la corrupción y las amenazas eran constantes para despojar a los campesinos de su patrimonio, con o sin su consentimiento. Fue una gran batalla por dominar la Delegación Federal de la SRA, mantenida por la alternancia de lacayos perfectamente definidos para salvaguardar la expansión del latifundismo ejidal y urbano.
Aún recuerdo al peculiar secretario de la Reforma Agraria, Augusto Gómez Villanueva, hoy símbolo viviente de la “dictadura perfecta” en los vestigios del PRI, jugar con las ambiciones de Carlos Sansores, de su delegado estrella Enrique Castilla Magaña, y del gobernador Rafael Rodríguez Barrera con el profesor Omar Esperón Villavicencio, tema que se prolongaría con Antonio Toledo Corro hasta llegar al triunfo con Gustavo Carvajal Moreno.
Esta Ley de Expropiación —vil legalización del despojo con todos los instrumentos legales alineados cual Santa Inquisición Sansorista— aprovechó el distractor del playoff beisbolístico para dar un madruguete legal, presumiendo el apoyo irrestricto del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Es increíble que, a estas alturas, no se pueda dimensionar lo realizado en el Congreso del Estado de Campeche para sentar un precedente de despojo y desaparición de la propiedad privada.
Aún más doloroso resulta confirmar una inaceptable, cobarde y pusilánime resignación para repetir prácticas de despojo, ahora con la ley y las instituciones al servicio del Ejecutivo estatal y su potencial “tercer piso feudal”.
¿Dónde están los liberales y los heroicos patriotas campechanos para revertir esta insensatez?
¿Después del “experimento Campeche” irán por los siguientes treinta y un estados de mexicanos castrados?
