EXPEDIENTE | LAYDA Y JUAN HERRERA DENUNCIADOS POR DAÑO MORAL

Finalmente alguien decidió ponerle el cascabel al gato. El abogado Félix Sélem Villanueva dio a conocer que, junto con su representada Delma Rabelo Cuevas, demandaron por daño moral a la gobernadora Layda Sansores San Román y su patiño y “compadra” Juan Manuel Herrera Real, alias “La Juana”, por la campaña de difamación orquestada en su contra.

A través de un video, Sélem Villanueva recomendó a los campechanos que han sido víctimas de situaciones similares a no quedarse callados, sino denunciarlos y demandarlos, para que les impongan las sanciones a que se hagan acreedores.

La verdad es que alguien tiene que poner en su lugar a ese par de nefastos personajes que han convertido su programa de los martes en una plataforma para atacar sin misericordia a quienes no comparten sus puntos de vista. Trátese de quien se trate, le dedican al adversario —así sea de su mismo partido político o movimiento— una campaña difamatoria y calumniosa, sin otorgar al ofendido el derecho a la defensa.

Hay que recordar que “El Martes del jaguar” ya tiene por lo menos un antecedente judicial de que incurren en abusos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó hace tres años por mayoría el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña en el cual propuso darle la razón a la diputada federal del PRI, Paloma Sánchez Ramos, en la solicitud de medidas cautelares para que la gobernadora de Campeche no continúe emitiendo comentarios que pueden ser violencia política de género.

En su denuncia, la diputada acusó que con los comentarios de Sansores en contra de las legisladoras priistas, en medio de sus señalamientos al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, habían sido acosadas y se afectó su imagen pública y personal. El TEPJF aprobó ordenar a la gobernadora de Campeche abstenerse de emitir cualquier comentario o pronunciamiento que pueda configurar violencia política en razón de género, pues esto puede vulnerar sus derechos políticos como el de ser votadas, al afectar su imagen.

El dirigente nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas también ha recurrido a los tribunales para obligar a la gobernadora a abstenerse de referirse a él en sentido peyorativo, con insultos o con calumnias, ordenamientos que la mandataria campechana se ha negado a acatar por su soberbia y prepotencia.

En el caso del abogado Sélem Villanueva, debe destacarse la doble moral de la mandataria, al condenar que ya esté promoviendo su imagen con miras a la elección judicial que se realizará en 2028, mientras que por otro lado, ella impulsa las aspiraciones de su abogado de cabecera, el abogadito poblano Juan Pedro Alcudia Vásquez.

Que Sélem Villanueva recurra a los tribunales judiciales y no a las autoridades electorales, como en su momento hicieron las diputadas del PRI y el propio Alito, habla de una nueva prueba que se pondrá a los jueces y magistrados estatales, quienes han sido más que sumisos y serviles ante la mandataria en el caso de daño moral que se sigue contra Tribuna y contra el periodista Jorge Luis González Valdez.

Habrá que ver si esas mismas autoridades judiciales le dan entrada a la demanda y continúan con el proceso, que implica citar a la gobernadora a un careo con su demandado, tal y como obligaron al periodista Jorge González en el expediente que promovió el director de Comunicación Social, Walther Patrón.

Hay elementos suficientes para que la demanda del abogado Sélem Villanueva prospere. Solo falta que los jueces actúen con imparcialidad y con apego a derecho, porque se configura con total claridad el daño moral que le han ocasionado al referirse a ellos despectivamente en el programa “Martes del Jaguar”.

Hay otros muchos campechanos que también han sido ofendidos por la gobernadora. Como las suegras a las que llamó “animales”, los policías a quienes tildó como delincuentes y rateros; las indígenas pobres a quienes consideró como “lo peor que le puede pasar a una mujer” y más recientemente los pescadores ribereños del área del malecón a quienes llamó “cochinos” porque dijo que el área donde viven o resguardan sus embarcaciones son “un auténtico cochinero”.

Layda Sansores ha exhibido públicamente en su programa a ciudadanos que por algún motivo incurrieron en un hecho de tránsito o fueron detenidos por la policía, y en ningún caso otorgó el derecho de réplica que contempla la legislación vigente. Quienes le han demostrado que miente, que difama y que ofende y le han pedido retractarse, han sido olímpicamente ignorados.

Pero otro gallo cantaría si el Poder Judicial la obliga a asumir su responsabilidad por las violaciones a la ley en que incurre en compañía de su patiño, cómplice y además “compadra” “La Juana” (como le dicen sus amigos de preferencias moralmente relajadas) al señor Juan Manuel Herrera.
Punto a favor del abogado Sélem es que la gobernadora ya está en la fase final de su mandato y por tanto su poder también va en declive, así que esperemos que esta demanda, y las que se sumen, lleguen hasta las últimas consecuencias.