EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 16 DE MARZO DE 2026
¿Y EL TERROR QUE SINTIERON LAS POLICIAS EN KOBÉN?
Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan el sábado del problema social que originó Layda Sansores al dictar sentencia criminal a las mujeres que protestaron el pasado 8 de marzo. Sus comentarios sin duda influirán en esos procesos legales, pues tiene sometido al Poder Judicial. Leamos.
“Furia. La reacción de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, frente a los disturbios del 8M elevó la temperatura política más que las propias llamas en los escudos policiales. Advertir penas de hasta 37 años para manifestantes, mientras el caso escala, colocó a la mandataria en el centro de una tormenta que combina orden público, derechos y cálculo político. Sansores endureció el tono, apelando a testimonios como los de Perla Jaquelin y Cristy Salazar, agentes estatales que narraron el miedo vivido. Si su autoridad se impone, la factura social quedará pendiente.”
¿Y esas agentes aterrorizadas habrán sentido el mismo terror cuando Marcela Muñoz las mandó sin equipamiento a detener el motín en el penal de Kobén? Porque ese mismo terror la valió madre a Layda Sansores y prefirió acosar y despedir a las Mujeres Valientes que hicieron público el maltrato que padecieron de la titular de la SPSC. ¿Por qué ahora si es tan rigurosa? ¿Para Marcela no hay penalización por su atrocidad?
SIN EXPLICACIÓN DE CAMPAÑA ILÍCITA DE LAYDA.
Han transcurrido un año desde que la periodista investigadora Anabel Hernandez reveló que tuvo acceso a una denuncia presentada en diciembre 2024 en una fiscalía federal de Nueva York, USA, por un particular contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y un par de gobernadores morenistas, por haber sido parte de una compleja trama de delitos en la cual los carteles de la droga financiaron las campañas políticas de los candidatos de Morena, entre 2018 y 2024.
La acusación es alarmante, pues esas agrupaciones criminales, como lo son el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste y Cartel del Golfo, fueron declarados como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos. La misma denuncia detalla que financiaron las campañas políticas de los candidatos de Morena en Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Michoacán, Colima y desde luego, Campeche, donde se perdió la seguridad con la llegada de Layda Sansores al poder.
Lo paradójico sigue siendo que Sansores siga presumiendo que tiene principios y calidad moral, pero se niegue a aclarar si recibió y utilizó dinero ilícito para financiar su campaña. Las evidencias que fueron entregadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos y una corte federal de Nueva York, son testimonios directos, en audio y video, de operadores electorales de Morena. Ella, ¿qué evidencia puede aportar?
