EXPEDIENTE | AUMENTAN LOS DESVÍOS EN EL DIF ESTATAL

El Programa para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal que preside Laura Sansores San Román, hermana menor de la gobernadora, acumula observaciones, presuntas irregularidades, desvíos y opacidad en la asignación de contratos y ejercicio de los recursos, que en lugar de resolverse, cada año se acumulan más.

Se estima que el DIF estatal habrá manejado en estos cinco años del Gobierno de la señora Sansores, entre dos mil y dos mil 500 millones de pesos. Un informe de la Auditoría Superior del Estado de Campeche señala textualmente:

“En el apartado de ingresos, el informe señala que al DIF estatal le correspondía recibir 428 millones 88 mil 548 pesos conforme a la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 2024; sin embargo, al cierre del ejercicio, los ingresos recaudados ascendieron a 455 millones 405 mil 202 pesos”.

El promedio de ingresos anuales del DIF estatal es de entre 450 a 500 millones de pesos, y lo que llama la atención es que prevalece la opacidad. El propio informe de la Asecam expuso la falta de difusión de las convocatorias para la asignación de los recursos y de los programas.

¿Qué se hace con tanto dinero? Ese es el misterio, ya que en las redes sociales abundan las quejas de ciudadanos de escasos recursos económicos que acuden a la Mansión Carbajal en busca de apoyos para medicinas, aparatos ortopédicos, auditivos o visuales, recursos para el pago del servicio de hospitales, etcétera, y la respuesta recurrente es que “no hay dinero”.

Una investigación de Latinus y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló la existencia de una red empresarial vinculada con el senador Adán Augusto López Hernández, que en Campeche recibió contratos por más de 88 millones de pesos durante 2025, para el abastecimiento de diversos insumos, desde despensas, hasta medicamentos y otros artículos.

Independientemente de los vínculos que tiene Adán Augusto con el Cártel de la Barredora, y el dinero que habría aportado desde esa organización a la campaña de la hoy gobernadora, lo que destaca la investigación en cita es la gran opacidad que prevalece en el DIF Campeche para informar sobre el manejo de sus recursos y de sus programas. Hay cero transparencia, y ya sabemos a qué conduce el ocultamiento de la información pública.

Se les acusa de desvío de recursos, uso indebido de dinero público, corrupción, peculado, uso indebido de atribuciones, ejercicio ilegal de servicio público, tráfico de intereses y otros ilícitos más.

Hay varias instituciones involucradas, pero llama la atención lo que ocurre en un programa del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que encabeza Laurita Sansores San Román, en donde se dio el cinismo de entregar apoyos a personas ya fallecidas, inexistentes y a empresas fantasmas.

En la investigación de la Asecam sobre el ejercicio 2024, se le hizo la siguiente observación: “El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche, mediante los Programas de Alimentación Escolar, Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios, y Alimentación a Personas en Situación de Emergencia y Desastre, otorgó beneficios por 805.7 mil pesos a 64 personas registradas en la base de datos de la Secretaría de Salud como decesos de ejercicios fiscales anteriores, los cuales se pagaron con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2023, en incumplimiento de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2023, tomo 2, numeral 4”.

“También detectaron que 134 beneficiarios no tenían coincidencia los nombres con las CURP y otros 110 beneficiarios no aparecen en el Registro Nacional de Población, o sea, no existen. La ASF también se encontró con que el DIF formalizó contratos por más de 13 millones de pesos con empresas presuntamente ilegales, y varias adjudicaciones tuvieron irregularidades”.

También se le observó al DIF Estatal que no hiciera públicas las convocatorias para los programas de ayuda asistencial, al no cumplir con la obligación de publicar las fechas y características de los programas para que estos sean del conocimiento de la población.

En 2024, la Asecam encontró irregularidades por más de 128 millones de pesos y entre las principales recomendaciones, señaló que las contrataciones por concepto de asesorías jurídicas deben contar con la autorización de la Junta de Gobierno del DIF, a fin de fortalecer los mecanismos de control y supervisión administrativa.

El órgano fiscalizador también pidió que la contabilidad se realice conforme a los principios y normas de armonización contable, para que además de los egresos se reflejen correctamente los ingresos recaudados a través de las transferencias recibidas de la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo con el clasificador por fuentes de financiamiento emitido por el CONAC.

Pero que no se crea que este desgarriate administrativo que prevalece en el DIF estatal es accidental o producto de la incompetencia. No. Es a propósito, pues de esa manera se oculta el verdadero destino que tienen los multimillonarios recursos que se le asignan. Y no estamos hablando de dos pesos, sino de más de dos mil millones de pesos en cinco años. Terrible. ¿No?